El excandidato a la Presidencia de la República por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas consideró este dominigo que el gobierno debe adoptar medidas para detener de manera efectiva y rápida el deterioro de la capacidad de compra de viviendas por parte de la población.
Recordó que el Estado debe garantizar “uno de los derechos más importantes de una familia, que es el de tener techo propio”.
El dirigente perredeista y empresario de la construcción abogó porque sea cambiada la política económica del gobierno, que consideró ha impactado con severidad la industria de la construcción vía la subida de las tasas de interés de los préstamos y el dramático aumento en los precios de los materiales e insumos.
Expuso Vargas Maldonado que las autoridades deben atender las preocupaciones expresadas recientemente por Diego de Moya Canáan, presidente de la Cámara Dominicana de la Construcción, y las demandas de asociaciones de constructores y promotores de vivienda de Santo Domingo y del Cibao, por medidas que alivien las alzas de las tasas de financiamiento y de los materiales de construcción, así como la agilización de los trámites para la obtención de títulos.
El candidato presidencial del PRD en los pasados comicios y reconocido realizador de proyectos de construcción habló con los periodistas sobre la crisis en el sector, durante un almuerzo que le dedicaron productores agropecuarios en el municipio Licey, de Santiago.
Insistió Vargas Maldonado, que “en vez de promover las importaciones, el gobierno debe apoyar a los productores nacionales para reducir los costos de producción del cemento y del acero, insumos indispensables del proceso de construcción de viviendas”.
Planteó que las autoridades deberían sentarse con los empresarios de la construcción a identificar los costos que pueden ser reducidos por el gobierno a corto plazo para disminuir el precio de las viviendas. Agregó que debe tomarse muy en cuenta el impacto en empleos directos e indirectos y en la activación del comercio y la actividad económica que tiene la construcción.
Estimó injusto que después de tres reformas tributarias que le dieron al gobierno más de 450 mil millones de pesos de nuevos ingresos, se intente ajustar la economía mediante el recorte del poder de compra de la población y el constreñimiento de las actividades productivas.
Opinó que el gobierno continúa aplicando medidas como el encaje legal diario –y no en base a los depósitos semanales- que tiene como único objetivo sacar de circulación 5,000 millones de pesos que antes estaban disponibles para el financiamiento, a más bajas tasas de interés, de las viviendas que adquiere la familia dominicana. Precisó que el incremento de más de 10 puntos porcentuales en las tasas de interés es equivalente a un impuesto adicional que reduce significativamente el poder de compra de la gente y limita las actividades productivas.
Recordó que el Estado debe garantizar “uno de los derechos más importantes de una familia, que es el de tener techo propio”.
El dirigente perredeista y empresario de la construcción abogó porque sea cambiada la política económica del gobierno, que consideró ha impactado con severidad la industria de la construcción vía la subida de las tasas de interés de los préstamos y el dramático aumento en los precios de los materiales e insumos.
Expuso Vargas Maldonado que las autoridades deben atender las preocupaciones expresadas recientemente por Diego de Moya Canáan, presidente de la Cámara Dominicana de la Construcción, y las demandas de asociaciones de constructores y promotores de vivienda de Santo Domingo y del Cibao, por medidas que alivien las alzas de las tasas de financiamiento y de los materiales de construcción, así como la agilización de los trámites para la obtención de títulos.
El candidato presidencial del PRD en los pasados comicios y reconocido realizador de proyectos de construcción habló con los periodistas sobre la crisis en el sector, durante un almuerzo que le dedicaron productores agropecuarios en el municipio Licey, de Santiago.
Insistió Vargas Maldonado, que “en vez de promover las importaciones, el gobierno debe apoyar a los productores nacionales para reducir los costos de producción del cemento y del acero, insumos indispensables del proceso de construcción de viviendas”.
Planteó que las autoridades deberían sentarse con los empresarios de la construcción a identificar los costos que pueden ser reducidos por el gobierno a corto plazo para disminuir el precio de las viviendas. Agregó que debe tomarse muy en cuenta el impacto en empleos directos e indirectos y en la activación del comercio y la actividad económica que tiene la construcción.
Estimó injusto que después de tres reformas tributarias que le dieron al gobierno más de 450 mil millones de pesos de nuevos ingresos, se intente ajustar la economía mediante el recorte del poder de compra de la población y el constreñimiento de las actividades productivas.
Opinó que el gobierno continúa aplicando medidas como el encaje legal diario –y no en base a los depósitos semanales- que tiene como único objetivo sacar de circulación 5,000 millones de pesos que antes estaban disponibles para el financiamiento, a más bajas tasas de interés, de las viviendas que adquiere la familia dominicana. Precisó que el incremento de más de 10 puntos porcentuales en las tasas de interés es equivalente a un impuesto adicional que reduce significativamente el poder de compra de la gente y limita las actividades productivas.
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