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DIRECTORA INVI DICE MUCHOS VENDEN VIVIENDAS DONADAS POR GOBIERNO


La directora del Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), arquitecta Alma Fernández, censuró que familias que han sido beneficiadas con una casa del gobierno la vendan para volver a residir en los lugares de altos riesgos de donde fueron trasladados.
Estimó que el problema radica en que la gente ha hecho de la desgracia una forma de vida, y negó que en el país existan todavía damnificados del ciclón David.
Según la funcionaria, las personas residentes en los barrancones no son los afectados de ese ni de otros fenómenos atmosféricos, sino particulares que maniobran para que el gobierno les reubique en viviendas que construye.
Alma Fernández, recordó que desde principio del gobierno pasado, las autoridades decidieron realizar un contrato de usufructo al momento de entregar la vivienda al beneficiario donde específica que el inmueble sigue siendo propiedad del Estado, por lo que no puede venderla, alquilarla o utilizarla en otra cosa que no sea vivienda.
“Porque de hecho, otras que se entregan en propiedad, también con la misma coletilla en el contrato de que no pueden venderla, las personas las venden, porque en realidad en ese nivel de la sociedad a la gente no le interesa tener un título sino la vivienda”, manifestó la directora del INVI.
Informó que fue enviada recientemente la Unidad de Seguimiento de Adquiriente a verificar las que se entregaron en Santiago, y se pudo constatar que unas 40 viviendas han sido vendidas o alquiladas y dedicas a otros fines.
Alma Fernández advirtió a los beneficiarios que si las viviendas no son utilizadas para los fines que fueron entregadas, el Invi procederá a quitársela, y a quienes la han comprado se les notificó mediante acto de alguacil que serán desalojados.
Anunció la funcionaría que en los próximos meses entregarán más de dos mil apartamentos a familias que resultaron afectadas por las tormentas Noel y Olga.
En varias ocasiones se ha denunciado que beneficiarios de casas y apartamentos construidos por el gobierno en distintas zonas del país, luego las venden para retornar de los lugares de donde fueron sacadas por las autoridades, debido a la alta peligrosidad del hábitat, como es próximo a ríos, cañadas y arroyos.

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