El director ejecutivo del Consejo Nacional de Reforma del Estado (CONARE) planteó la necesidad de que la política tenga un componente de ética para que estimule la preservación del bien común y ayude a mantener la civilidad entre los ciudadanos.
El doctor Marcos Villamán formuló esta consideración al pronunciar las palabras de apertura del panel sobre “Transparencia y Libre Acceso a la Información Pública” que organizó el Conare el martes 27 de abril, en el Pabellón de Música de La Feria Internacional del Libro.
En la actividad participaron como panelistas el doctor Eric Hazim, director general de Compras y Contrataciones Públicas; Patricia Minaya, directora de la Unidad de Planificación y Seguimiento del Conare, y Hotoniel Bonilla, director nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA)
Villamán afirmó que la ética es parte de un Estado que se moderniza, que se reforma y que contribuye a que la sociedad sea más democrática, haya mayor intercambio social y mayor transparencia en el accionar de la administración pública.
Precisó que la ética se vincula a la transparencia de modo que esta se convierta en una práctica cotidiana.
Sostuvo que de ahí es que el gobierno del presidente Leonel Fernández haya propiciado e impulsado la creación de una serie de leyes tendientes a transparentar la administración pública.
Entre esas leyes citó la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, la Ley de Acceso a la Información Pública y la Declaración Jurada de Bienes.
En tanto que Patricia Minaya, al tocar el tema del Libre Acceso a la Información Pública dijo que tras la aprobación de esta ley 200-04 se han instalado más de 95 Oficinas de Acceso a la Información (OAIs) en igual cantidad de instituciones gubernamentales, se ha agotado un proceso de sensibilización de funcionarios públicos y el personal ligado a estas oficinas.
También, que se ha capacitado el personal que labora en las OAIs, se conformó la Red de Acceso a la Información, se ha generado una masa crítica al interior de la función pública, se moviliza la opinión pública en torno al derecho de acceso a la información y se inició ese mismo proceso a nivel de los ayuntamientos.
Asimismo, dijo que hace falta mayor divulgación del derecho a la información pública, mejorar los registros de información y los archivos públicos, clasificar las informaciones, proteger los datos personales en posesión de particulares, así como un instrumento que garantice y supervise la debida aplicación de ese derecho y que proteja al usuario.
El doctor Marcos Villamán formuló esta consideración al pronunciar las palabras de apertura del panel sobre “Transparencia y Libre Acceso a la Información Pública” que organizó el Conare el martes 27 de abril, en el Pabellón de Música de La Feria Internacional del Libro.
En la actividad participaron como panelistas el doctor Eric Hazim, director general de Compras y Contrataciones Públicas; Patricia Minaya, directora de la Unidad de Planificación y Seguimiento del Conare, y Hotoniel Bonilla, director nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA)
Villamán afirmó que la ética es parte de un Estado que se moderniza, que se reforma y que contribuye a que la sociedad sea más democrática, haya mayor intercambio social y mayor transparencia en el accionar de la administración pública.
Precisó que la ética se vincula a la transparencia de modo que esta se convierta en una práctica cotidiana.
Sostuvo que de ahí es que el gobierno del presidente Leonel Fernández haya propiciado e impulsado la creación de una serie de leyes tendientes a transparentar la administración pública.
Entre esas leyes citó la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, la Ley de Acceso a la Información Pública y la Declaración Jurada de Bienes.
En tanto que Patricia Minaya, al tocar el tema del Libre Acceso a la Información Pública dijo que tras la aprobación de esta ley 200-04 se han instalado más de 95 Oficinas de Acceso a la Información (OAIs) en igual cantidad de instituciones gubernamentales, se ha agotado un proceso de sensibilización de funcionarios públicos y el personal ligado a estas oficinas.
También, que se ha capacitado el personal que labora en las OAIs, se conformó la Red de Acceso a la Información, se ha generado una masa crítica al interior de la función pública, se moviliza la opinión pública en torno al derecho de acceso a la información y se inició ese mismo proceso a nivel de los ayuntamientos.
Asimismo, dijo que hace falta mayor divulgación del derecho a la información pública, mejorar los registros de información y los archivos públicos, clasificar las informaciones, proteger los datos personales en posesión de particulares, así como un instrumento que garantice y supervise la debida aplicación de ese derecho y que proteja al usuario.
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