El presidente Leonel Fernández y el presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas, firmaron este lunes un pacto denominado “Acuerdo Institucional para la Aprobación y Desarrollo de las Leyes Complementarias de la Constitución”.
En dicho acuerdo, el Presidente Fernández se comprometió a someter al Congreso Nacional un nuevo proyecto de ley sobre el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), con el cual será derogada la ley anterior y cualquier disposición contraria. En la firma del acuerdo, realizada en el auditorio de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, participaron como testigos monseñor Agripino Núñez Collado y al doctor Milton Ray Guevara.
También, el jefe del Estado retirará en un plazo de 48 horas las observaciones que hizo a la Ley del Tribunal Constitucional y procedimientos constitucionales y, además, procederá a promulgarla y publicarla oficialmente.
Asimismo, se precisa en el acuerdo que, 24 horas después de publicada, el Presidente someterá al Congreso Nacional la modificación de la ley sobre el Tribunal Constitucional y procedimientos constitucionales.
Fernández y Vargas Maldonado coincidieron en que el acuerdo, firmado en el Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, fortalecerá la institucionalidad y la democracia del país.
El mandatario anunció que tan pronto sea aprobada la nueva Ley Orgánica del Consejo de la Magistratura convocará a ese organismo para iniciar la renovación de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y poder designar a los miembros del Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral.
También someterá nuevas leyes orgánicas de la Policía Nacional, Las Fuerzas Armadas y de Drogas y afirmó que con esos nuevos dispositivos “el aparato represivo quedará organizado y legalizado”.
El convenio establece un artículo en el que el Presidente de la República deja claro de que su opinión personal sigue siendo que en el caso de las leyes orgánicas, si éstas no han sido ratificadas por las dos terceras partes de los miembros presentes en el hemiciclo, sus observaciones deberán ser acogidas.
El Presidente de la República dijo que se establecerá un protocolo para futuras observaciones del Poder Ejecutivo, para lo cual se ha designado una comisión.
De su lado Vargas Maldonado destacó que éste constituye un ejemplo de que, como lo establece la Constitución en su artículo 216 numeral tres, "pueden servir al interés nacional, al interés colectivo y al desarrollo integral de la sociedad dominicana", demostrándose así su carácter de mediadores entre la sociedad y el poder político.
"El respeto y defensa de la Constitución nos obliga a todos, por ello defendimos la reducción de sentencias, la edad de menos de 75 años para ser elegido miembro del Tribunal Constitucional y que la observación presidencial de las leyes orgánicas para ser acogido requiera del voto favorable de las dos terceras partes de los presentes en cada cámara", destacó.
Tras la firma de acuerdo, fueron conformadas dos comisiones, integradas por el vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque; los presidentes del Senado, Reinaldo Pared, y de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, y el ministro de la presidencia César Pina Toribio, en representación del PLD; mientras que por el PRD integran la comisión Andrés Bautista, presidente en funciones, Orlando Jorge Mera, secretario general, Nelson Arroyo vocero de los diputados y el jurista Eduardo Jorge Prats.
También, el jefe del Estado retirará en un plazo de 48 horas las observaciones que hizo a la Ley del Tribunal Constitucional y procedimientos constitucionales y, además, procederá a promulgarla y publicarla oficialmente.
Asimismo, se precisa en el acuerdo que, 24 horas después de publicada, el Presidente someterá al Congreso Nacional la modificación de la ley sobre el Tribunal Constitucional y procedimientos constitucionales.
Fernández y Vargas Maldonado coincidieron en que el acuerdo, firmado en el Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, fortalecerá la institucionalidad y la democracia del país.
El mandatario anunció que tan pronto sea aprobada la nueva Ley Orgánica del Consejo de la Magistratura convocará a ese organismo para iniciar la renovación de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y poder designar a los miembros del Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral.
También someterá nuevas leyes orgánicas de la Policía Nacional, Las Fuerzas Armadas y de Drogas y afirmó que con esos nuevos dispositivos “el aparato represivo quedará organizado y legalizado”.
El convenio establece un artículo en el que el Presidente de la República deja claro de que su opinión personal sigue siendo que en el caso de las leyes orgánicas, si éstas no han sido ratificadas por las dos terceras partes de los miembros presentes en el hemiciclo, sus observaciones deberán ser acogidas.
El Presidente de la República dijo que se establecerá un protocolo para futuras observaciones del Poder Ejecutivo, para lo cual se ha designado una comisión.
De su lado Vargas Maldonado destacó que éste constituye un ejemplo de que, como lo establece la Constitución en su artículo 216 numeral tres, "pueden servir al interés nacional, al interés colectivo y al desarrollo integral de la sociedad dominicana", demostrándose así su carácter de mediadores entre la sociedad y el poder político.
"El respeto y defensa de la Constitución nos obliga a todos, por ello defendimos la reducción de sentencias, la edad de menos de 75 años para ser elegido miembro del Tribunal Constitucional y que la observación presidencial de las leyes orgánicas para ser acogido requiera del voto favorable de las dos terceras partes de los presentes en cada cámara", destacó.
Tras la firma de acuerdo, fueron conformadas dos comisiones, integradas por el vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque; los presidentes del Senado, Reinaldo Pared, y de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, y el ministro de la presidencia César Pina Toribio, en representación del PLD; mientras que por el PRD integran la comisión Andrés Bautista, presidente en funciones, Orlando Jorge Mera, secretario general, Nelson Arroyo vocero de los diputados y el jurista Eduardo Jorge Prats.
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