La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), reclamó del Ministerio de Obras Públicas (MOPC) transparentar el contrato y el proceso de licitación para la construcción de la carretera Cibao-Sur, el cual ha sido ampliamente cuestionado por sectores de la sociedad civil, en el entendido de graves y serias violaciones a las leyes dominicanas y a tratados y acuerdos internacionales.
Trajano Potentini, presidente de Justicia y Transparencia, se mostró preocupado por la inercia y apatía de la Dirección General de Contrataciones Públicas, ante las reiteradas violaciones a la Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones de bienes y servicios con el Estado.
Asimismo la FJT, deploró la forma en que se ha venido entregando la soberanía y el patrimonio Estatal con las ventas, concepciones y arrendamientos de los bienes públicos, todo ello en perjuicio y detrimento del pueblo dominicano y en franca y abierta violación a la constitución y a las leyes.
La entidad de carácter cívico y moral, basó su preocupación en los innumerables casos, que van desde el arrendamiento por parte del ayuntamiento del Distrito Nacional de áreas del malecón y del mirador a restaurant y otros negocios, los arrendamientos realizados por obras públicas de los peajes, caso particular CODACSA y otros, la concepción de los AEROPUERTOS y recientes addendum a los mismos, la venta de los bienes de BANINTER, entre otros, con el común denominador de contrataciones lesivas y leoninas, con precios irrisorios y arrendamientos con una duración prácticamente infinita.
Trajano Potentini, presidente de Justicia y Transparencia, se mostró preocupado por la inercia y apatía de la Dirección General de Contrataciones Públicas, ante las reiteradas violaciones a la Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones de bienes y servicios con el Estado.
Asimismo la FJT, deploró la forma en que se ha venido entregando la soberanía y el patrimonio Estatal con las ventas, concepciones y arrendamientos de los bienes públicos, todo ello en perjuicio y detrimento del pueblo dominicano y en franca y abierta violación a la constitución y a las leyes.
La entidad de carácter cívico y moral, basó su preocupación en los innumerables casos, que van desde el arrendamiento por parte del ayuntamiento del Distrito Nacional de áreas del malecón y del mirador a restaurant y otros negocios, los arrendamientos realizados por obras públicas de los peajes, caso particular CODACSA y otros, la concepción de los AEROPUERTOS y recientes addendum a los mismos, la venta de los bienes de BANINTER, entre otros, con el común denominador de contrataciones lesivas y leoninas, con precios irrisorios y arrendamientos con una duración prácticamente infinita.
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