Ese proyecto de ley, que está en el Congreso Nacional desde hace más de un año, en enero fue aprobado en la Cámara de Diputados y se encuentra en el Senado.
El ministro de Administración Pública, licenciado Ramón Ventura Camejo, reiteró la necesidad de que en el Senado de la República sea aprobada, antes del 16 de agosto, la Ley que regulará los salarios en el sector público, normativa que ya fue sancionada por la Cámara de Diputados en el pasado mes de enero.
El funcionario recordó que la regulación de los salarios en la administración pública ha sido un tema que ha estado presente también en el discurso del presidente electo, Danilo Medina y que se trata de una demanda de toda la sociedad dominicana. “Esta ley tiene tanta trascendencia para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática como la ley de partidos políticos o la electoral, que también están en debate en el Congreso Nacional, o como la ley orgánica de la administración pública que ya fue aprobada también en la Cámara de Diputados, y ahora está en el Senado”, aseveró.
Según Ventura Camejo, el Ministerio de Administración Pública (MAP) ha estado trabajando de manera sistemática en el tema del salario en el sector público. “El diagnóstico del tema salarial presenta varios problemas a encarar, como el de los cargos, que tienen que estar descritos, y sobre la base de su descripción, de sus complejidades, de sus competencias, de sus riesgos, de sus exigencias, entonces se establece una valoración, por puntos, en lo que correspondería al salario, que en este caso va dirigido a los puestos en el sector que tienen vocación para carrera administrativa”, explicó.
Asimismo, resaltó que como se trata de una legislación integral también debe regular el salario para los altos directivos públicos, y para esto se hizo un estudio comparativo de toda América Latina. “Un consultor chileno trabajó en una estrategia para implementar la política salarial, que no puede ser aplicada de manera simultánea y en ese estudio, incluyó propuestas de cómo proceder para que la ley pueda aplicarse y su reglamento, estableciendo todo un cronograma y definiendo sectores prioritarios. Por ejemplo, el estudio con el que cuenta el MAP plantea que, si se considera que un directivo público tiene un salario por encima de lo que demandan y lo que aconsejan la prudencia y las normas, se podría establecer que cuando ese funcionario deje el cargo, entonces se ajuste el sueldo de quien lo ocupe, del nuevo encargado. Además, se buscaron múltiples formas para que esto fuera resuelto, y yo creo que ahora con el cambio de gobierno, pues sería un momento propicio para arrancar con esa estrategia”, afirmó el ministro de Administración Pública.
Ventura Camejo destacó que como la ley lleva ya más de un año en el Congreso Nacional y ha pasado por diversas comisiones, ha podido ser consensuada con la sociedad civil y el sector empresarial. “Se han definido criterios, principios, incompatibilidades y se han traducido a la ley todos los principios que existen en administración pública y todas las experiencias, de forma tal que eso sea una referencia y una marco que contribuya a hacer más racional el tema salarial”.
También manifestó que uno de los puntos a enfrentar es el de inequidad, que resulta en que los sectores más bajos del sector público reciben muy baja remuneración en comparación con la función que desempeñan. “Eso hay que corregirlo, y por eso apelamos a la sensibilidad del Congreso, para que prontamente ese proyecto pueda ser convertido en ley, y sobre la base de esa ley, entonces establecer un reglamento de aplicación que va a detallar de manera más minuciosa cómo manejar el tema del personal y el salario en las distintas dependencias, y que sea una práctica donde haya igualdad, racionalidad y también transparencia en los salarios”.
El ministro de Administración Pública, licenciado Ramón Ventura Camejo, reiteró la necesidad de que en el Senado de la República sea aprobada, antes del 16 de agosto, la Ley que regulará los salarios en el sector público, normativa que ya fue sancionada por la Cámara de Diputados en el pasado mes de enero.
El funcionario recordó que la regulación de los salarios en la administración pública ha sido un tema que ha estado presente también en el discurso del presidente electo, Danilo Medina y que se trata de una demanda de toda la sociedad dominicana. “Esta ley tiene tanta trascendencia para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática como la ley de partidos políticos o la electoral, que también están en debate en el Congreso Nacional, o como la ley orgánica de la administración pública que ya fue aprobada también en la Cámara de Diputados, y ahora está en el Senado”, aseveró.
Según Ventura Camejo, el Ministerio de Administración Pública (MAP) ha estado trabajando de manera sistemática en el tema del salario en el sector público. “El diagnóstico del tema salarial presenta varios problemas a encarar, como el de los cargos, que tienen que estar descritos, y sobre la base de su descripción, de sus complejidades, de sus competencias, de sus riesgos, de sus exigencias, entonces se establece una valoración, por puntos, en lo que correspondería al salario, que en este caso va dirigido a los puestos en el sector que tienen vocación para carrera administrativa”, explicó.
Asimismo, resaltó que como se trata de una legislación integral también debe regular el salario para los altos directivos públicos, y para esto se hizo un estudio comparativo de toda América Latina. “Un consultor chileno trabajó en una estrategia para implementar la política salarial, que no puede ser aplicada de manera simultánea y en ese estudio, incluyó propuestas de cómo proceder para que la ley pueda aplicarse y su reglamento, estableciendo todo un cronograma y definiendo sectores prioritarios. Por ejemplo, el estudio con el que cuenta el MAP plantea que, si se considera que un directivo público tiene un salario por encima de lo que demandan y lo que aconsejan la prudencia y las normas, se podría establecer que cuando ese funcionario deje el cargo, entonces se ajuste el sueldo de quien lo ocupe, del nuevo encargado. Además, se buscaron múltiples formas para que esto fuera resuelto, y yo creo que ahora con el cambio de gobierno, pues sería un momento propicio para arrancar con esa estrategia”, afirmó el ministro de Administración Pública.
Ventura Camejo destacó que como la ley lleva ya más de un año en el Congreso Nacional y ha pasado por diversas comisiones, ha podido ser consensuada con la sociedad civil y el sector empresarial. “Se han definido criterios, principios, incompatibilidades y se han traducido a la ley todos los principios que existen en administración pública y todas las experiencias, de forma tal que eso sea una referencia y una marco que contribuya a hacer más racional el tema salarial”.
También manifestó que uno de los puntos a enfrentar es el de inequidad, que resulta en que los sectores más bajos del sector público reciben muy baja remuneración en comparación con la función que desempeñan. “Eso hay que corregirlo, y por eso apelamos a la sensibilidad del Congreso, para que prontamente ese proyecto pueda ser convertido en ley, y sobre la base de esa ley, entonces establecer un reglamento de aplicación que va a detallar de manera más minuciosa cómo manejar el tema del personal y el salario en las distintas dependencias, y que sea una práctica donde haya igualdad, racionalidad y también transparencia en los salarios”.
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