La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), durante una intervención de
prensa de su Presidente, Trajano Vidal Potentini, condenó enérgicamente la
modificación del Código Procesal Penal realizada por el Congreso Nacional
recientemente.
Potentini afirmó que son varios los errores de fondo cometidos en ese
texto, resaltando entre ellos la eliminación del tercer párrafo del Art. 85 que
permitía a cualquier persona constituirse como querellante en hechos punibles
cometidos por funcionarios públicos.
En un Estado Social y Democrático de Derecho que permite el control social
y exige por necesidad el sometimiento de la Administración al Derecho, dijo
Potentini, es un sin sentido y una imprudencia mayúscula pretender que sea el
ministerio público, políticamente dependiente, la única estructura responsable
de persecución de la corrupción.
Hablando en el programa televisivo Tele 15, entrevistado por Ramón Puello
Báez y Ana Merci Otañez, Potentini advirtió que esa contra reforma del Código
Procesal Penal no es solamente innecesaria y contraproducente, sino también
susceptible de manchar para siempre lo que hasta ahora es la inmaculada hoja de
gobierno del Presidente Medina.
Si bien es cierto que el Código Procesal Penal ameritaba ciertas adecuaciones
tras 10 años de aplicación, lo que se ha hecho es un verdadero abuso, que abre
la puerta a la impunidad y envía deprimentes señales de compromiso con el
crimen organizado y la corrupción.
La FJT hace hincapié en que la reforma del proceso penal es violatoria de
convenios internacionales contra la corrupción, que no solamente habilitan sino
que precisamente exigen a todas las personas y organizaciones poder imputar a
los funcionarios públicos por inconductas notorias.
En el caso de los allanamientos nocturnos, Potentini dijo no entender cómo
es posible que se necesite tal cosa si supuestamente los organismos de
inteligencia actúan con meses de antelación, y tienen todo el tiempo que
quieran para actuar. Por el contrario, sostuvo el jurista, “resulta que los
arrestos de drogas son casi siempre flagrantes, con lo que se evita la
participación del Ministerio Publico, entidad al parecer totalmente ineficiente
para liderar la investigación”.
La democracia estaría en juego si se permite a los organismos de investigación
acusar a quien quieran de cualquier crimen, y obligar al juez a dictar prisión
preventiva sin presentación de pruebas suficientes y lícitas, dijo Potentini.
Recalcó que no son los individuos los que corren peligro, sino toda la
sociedad, porque bastará acusar a alguien para obtener que lo encierren durante
años.
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