NUEVA YORK.-El Consulado General de la República Dominicana en esta ciudad está ofreciendo asistencia y protección a varias dominicanas que fueron abusadas sexualmente por tres oficiales en una cárcel federal localizada en el condado de Brooklyn, logrando con su intervención que el caso no quede impune y evitar que sean deportadas.
El cónsul Carlos A. Castillo instruyó al Departamento de Visa y Protección para que acogiera, investigara y le diera seguimiento a la denuncia de violación sexual que fue hecha en principio por una de las victimas vía telefónica al Consulado Dominicano en esta urbe, donde se le aconsejó hacer la misma ante los supervisores del Metropolitan Detention Center, donde guardaba prisión.
No se da a conocer por razones obvias la identidad de la dominicana que hizo la delación por escrito ante el cónsul Castillo en el sentido de que había sido víctima de violación y abuso sexual junto a otras connacionales.
El pasado jueves fueron arrestados con relación al caso tras un año de investigación federal, los oficiales federales Carlos Martínez, de 47 años; Eugenio Pérez, de 46 años, y Armando Moronta, de 39 años, quienes enfrentan cargos de violación sexual agravada y podrían recibir condenas de hasta 25 años de cárcel a cadena perpetua.
Conforme a lo expuesto en su denuncia en una comunicación dirigida al cónsul Castillo y verbalmente en el despacho consular, la dominicana manifestó que su violador la amenazaba con suprimir sus privilegios en la prisión si lo denunciaba, al tiempo que procuraba acelerar su deportación.
Efectivamente, la reclusa fue transferida a las autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) y, como es costumbre, se suponía que debía ser deportada en las próximas 6 semanas.
Ante esta situación, y por instrucciones del cónsul Carlos Castillo, el Departamento de Visa y Protección de la Sede Consular se comunicó con la abogada de migración que representa a la dominicana en su caso de deportación y se le manifiesta el deseo del Consulado de cooperar en los medios de defensa de la misma, tal como lo establece la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.
Concomitantemente, se informó a las autoridades del ICE que el Consulado no emitiría la carta de ruta en caso de que la dominicana que había sido objeto de violación sexual en el recinto penitenciario, recibiera una orden final de deportación.
La corte de migración que procesaba a la dominicana fue informada sobre el caso de violación y se le solicito el otorgamiento de la libertad provisional bajo fianza, a los fines de que pueda continuar con el proceso de acusación en contra de sus violadores. La corte otorgó dicha fianza, pero la reclusa no posee recursos para satisfacer la elevada suma, donde intervino la Sede
Consular y pagó la fianza que permitió aplazar el proceso de deportación contra la dominicana y poder declarar libremente ante el gran jurado federal que ventilaba el caso, siendo hoy conocidos los resultados de la misma.
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