REPÚBLICA DOMINICANA.-El Juez Especial de la Instrucción en la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Francisco Ortega Polanco, impuso medidas de coerción a todos los imputados del Caso Odebrecht, porque sus “arraigos” no fueron suficientes para otorgarles la libertad a quienes fueron mandados a prisión, es su principal motivación.
El magistrado Ortega Polanco considera en su motivación jurídica que “el tribunal entendió que no bastaron para restar crédito, por lo menos como presupuestos para la medida de coerción, que es el ámbito que por ahora atañe a este tribunal a los fundamentos de la solicitud del Ministerio Público”.
Aunque los encartados fueron precisos y detallados en el depósito y presentación de presupuestos tendentes a demostrar su arraigo social, familiar, patrimonial, etcétera, lo cual ha merecido la atención sosegada del tribunal, pero, es conveniente señalar, que “para determinar la procedencia o no de una medida de coerción no basta con la posesión de arraigo y falta peligro de fuga, sino que el juez ha de ponderar también el equilibrio entre las garantías del imputado y la protección de la sociedad y las víctimas de la infracción”.
Más aún, agrega el juez de Instrucción Especial, “cuando se presume seriamente comprometido el interés público, los valores esenciales de la función pública y su correcto desempeño como eje cardinal de un Estado social y democrático de derecho; entre otros presupuestos que la jurisprudencia ha tenido en consideración”.
Y que de la combinación de la lectura de los artículos 227, 229 y 230 del Código Procesal Penal, y evaluados todos los presupuestos anteriormente señalados, es preciso indicar que los justiciables son susceptibles de imposición de medidas de coerción”.
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