POR LUIS D. SANTAMARIA
( El autor es periodista. Reside en Monte Plata)
Sin lugar a dudas que fue una payasada de los empresarios aquella de que estaban supuestamente financiando la Marcha Verde con el marcado interés de desacreditar a ese importante movimiento patriótico que ha surgido de las mismas entrañas del pueblo.
Sin proponérselo, los empresarios lo que han hecho es fortalecer más al movimiento patriótico que tiene como fin erradicar de la sociedad dominicana la corrupción e impunidad que permita a la mayoría tener mejores condiciones de vida.
Si en verdad los afrentosos empresarios pretendían hacer daño han quedado muy mal parados porque el pueblo es libre y soberano está decidido a llevar la lucha de adecentamiento de nuestra sociedad hasta las últimas consecuencias.
No es posible continuar viviendo en un país donde la corrupción e impunidad ha sido el norte en los últimos años de los políticos que nos han gobernado privando a la mayoría de los bienes y servicios a que tienen derecho.
La protesta pacífica que es la marcha verde ha calado tanto en el seno de los sectores más sanos de la sociedad dominicana que los sectores más pobres de la población es que la están financiando con los pocos recursos económicos de que disponen.
Cortos……Bueno la inmigración haitiana sin control tiene a las autoridades vueltas locas y sin idea……….y el caso Odebretch ha tomado otro giro con la variación de algunas medidas de coerción…………La que estuvo dura y curvera fue la magistrada Miriam Germán diciéndole cuatro cosa al Procurador General de la República sobre la debilidad del expediente………..El Procurador se defendió alegando que se está recopilando las pruebas para fortalecer el expediente. Esperemos……….Participación Ciudadana envió una
carta al Consejo Nacional de la Magistratura en donde objeta a los actuales jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE) quienes aspiran volver………..Alega PC que esos magistrados hicieron mucho daño a la democracia y al sistema de partidos con acciones incorrectas que tomaron………..Y en que está el caso de los Super Tucanos, la venta ilegal de los terrenos del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y el sector los Tres Brazos.
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