SANTO DOMINGO.-La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) manifestó su oposición a la aprobación por parte del Congreso Nacional de modificaciones a la Ley 28-01 y pidió a la Cámara de Diputados desestimar proyecto.
El régimen
de la Ley 28-01 actual genera distorsiones y ventajas que sitúan al sector productivo de la
República Dominicana en franca desventaja frente a las empresas instaladas y
por instalar en otras áreas del territorio nacional.
La semana pasada la Comisión
Permanente de Asuntos Fronterizos de la Cámara de Diputados emitió un informe
en que favorece el proyecto de Ley que modifica la Ley 28-01, no sólo
ratificando aspectos onerosos de dicha ley, sino ampliando ventajas sobre el
resto de las empresas del país.
Circe Almánzar, vicepresidente
ejecutiva de la AIRD, pidió a la Cámara de Diputados desestimar dicho informe. “Se ha procedido sin haber recibido
observaciones de las autoridades recaudadoras y sin haber medido el impacto
fiscal como establece la Constitución y las leyes especiales”, expresó.
Explicó que actualmente diversas
economías están evaluando formas de incentivar la producción nacional efectivas
y menos distorsionantes que la Ley 28-01, focalizadas al tipo de producción que
se quiere incentivar y a la generación de empleos.
Las empresas que están acogidas
actualmente a dicho régimen tienen más del 70% de sus empleados fuera de la
zona fronteriza.
Almánzar criticó el hecho de que no se han tomado en cuenta los planteamientos
de diversos sectores productivos de la nación. Además, afirmó que no se han evaluado los beneficios y daños
que tendría aprobar tal proyecto y no se han tomado en cuenta los daños ya
causados por la aplicación de la Ley 28-01.
La aplicación de la Ley 28-01 no ha
logrado disminuir la pobreza y la desigualdad en la zona fronteriza, ha mermado
los ingresos del Estado y ha permitido que algunas empresas se aprovechen de un
paraíso fiscal para competir deslealmente con industrias similares ubicadas en
otras zonas.
En el Proyecto de Modificación se
propone que las empresas acogidas a esta ley actualmente y las que se acojan en
el futuro disfrutarán de exenciones de un cien por ciento del pago de impuestos
internos, de aranceles aduaneros sobre materias primas, equipos y maquinarias,
así como cualquier tipo de impuesto durante un período de 20 años.
Se les otorga, además, la exención de
un cincuenta por ciento en el pago del derecho de circulación por las vías
sujetas a control y uso de puertos y aeropuertos; exoneración del impuesto de
transferencia inmobiliaria en los terrenos en donde se desarrollará el proyecto
calificado y la exoneración del veinticinco por ciento del impuesto de
combustible diésel y todo tipo de energía alternativa y renovable, utilizados
en los procesos de fabricación u operación del proyecto calificado.
Además, da la posibilidad a las
empresas actualmente instaladas de acogerse por un nuevo período de hasta 20
años a todas estas exenciones.
“Un incentivo tiene una razón de ser y
no puede hacerse cuando no exista una diferencia real entre las empresas y
zonas del país”, señaló Almánzar al referirse a las distancias en la geografía
nacional.
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