SANTO DOMINGO.-El ex fiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández Peguero, propuso que
ante los casos de delincuencia y
criminalidad que se registran el país se
hace necesario definir una política criminal estatal que vaya desde la adopción
de acciones concretas en la prevención, como son la regulación estricta de los
juegos de azar, consumo de alcohol y porte de armas de fuego, hasta lograr la
efectividad en la persecución y sanción de los responsables.
“La complejidad del mundo globalizado demanda
que la política estatal contra la conflictividad y criminalidad revise
frecuentemente la efectividad de las acciones implementadas, adecúe la
legislación interna y establezca directrices distintas y que abarquen todas las
conductas conflictivas” dijo el ex fiscal José Manuel Hernández Peguero.
La propuesta
incluye especializar la actual Policía Nacional en las labores preventivas y de
tránsito, y transferir los agentes policiales, militares y personal civil
adiestrados en la investigación y técnicas periciales a una policía o entidad
bajo la dependencia directa del Ministerio Público.
Dijo que no se
trata de eliminar el cuerpo del orden policial que opera en la actualidad, sino
de que, tal y como ocurre en otras naciones, como Estados Unidos y Chile, los
investigadores que recolectan las evidencias y las procesan dependan de los
fiscales, que son los funcionarios encargados de presentarlas a los tribunales
y sustentar las acusaciones.
El ex
representante del Ministerio Publico consideró que la especialización e
independencia de los encargados de la investigación delictuosa traerá consigo
evitar que por cuestiones de rangos y subordinación no se pueda llevar las
indagatorias a superiores jerárquicos.
Hernández
Peguero expresó que al definir la política criminal debe considerarse la atención
a las víctimas de esos hechos punibles, que es una obligación del Estado, desde
su asistencia psicológica y material hasta su participación ante los tribunales
para lograr la sanción de los responsables y obtener la debida indemnización
económica.
“Nos preocupa
los miles de personas que están participando en asesinatos y otros crímenes,
que a los 10 o a los 15 años volverán a las calles a delinquir con mayor
profesionalización, porque esas cárceles son una escuela, entonces esto tiene
que ser reorganizado “profirió Hernández Peguero.
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