PANAMA.-El Presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), Trajano Potentini participó con la conferencia magistral, titulada Control Constitucional y Convencional del lavado de activos, en el marco de la celebración del VII Congreso Panameño de Derecho Procesal Constitucional, en la ciudad de Panamá, durante los días 22,23 y 24 del mes de agosto de 2018.
A juicio del abogado experto en derecho constitucional, la ley debe ser reformada aclarando y definiendo los umbrales y topes para el uso del efectivo, permitiéndole al efectivo que circule en los términos de los artículos 230 y 231 de la constitución dominicana, además de aclarar y delimitar racionalmente las funciones de los sujetos obligados no financieros, definir el alcance de los delitos tributarios y de alta tecnología como infracciones precedentes para configurar el lavado de activos y ponerle límites a la capacidad reglamentaria de los órganos estatales sectoriales, además de contemplar una amnistía fiscal que permita transparentar y organizar el tema patrimonial e impositivo.
Al referirse a la viabilidad de un control efectivo en el orden constitucional y convencional, lamentó que a nivel de las estructuras internacionales, tales como la corte y la comisión interamericana de los derechos humanos, no se advierte que se le dé ninguna importancia o trascendencia al tema, ya que solo le dan prioridad a los temas de libertad de expresión, medio ambiente, nacionalidad, grupos vulnerabilizados, entre otros, en suma, el desconocimiento y violaciones de derechos por la implementación de leyes tipo como la de lavado de activos, no es parte de la agenda internacional.
El presidente de Justicia y Transparencia definió el espacio del control constitucional como la única esperanza para reorientar la ley a la filosofía y esencia del neoconstitucionalismo, centrando su atención siempre en las personas y sus derechos fundamentales, dejándoles la experiencia de la República Dominicana, donde el colegio de abogados radico una acción directa de inconstitucionalidad en contra de la ley.
Asimismo el jurista instó a los países participantes a estudiar el fenómeno de la implementación de esta ley, que también por efectos de las políticas del grupo de acción financiera internacional (GAFI), se encuentra en vigor en toda Latinoamérica, planteando innúmeros problemas para los abogados y notarios en su rol de sujeto obligados no financieros, urgiéndolos a producir los cambios y el desarrollo normativo y jurisprudencial que la haga viable sin violar los derechos fundamentales de los ciudadanos.
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