Fraudes bancarios cambian la vida de cientos de ahorrantes

Fiscalía y  Superintendencia de Bancos Persiguen intermediación Financiera y captaciones ilegales

image_content_5842041_20151122141911.jpgPor César Amadeo Peralta
(Abogado) 
En un esfuerzo conjunto entre la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, la Procuraduría General de Republica y la Superintendencia de Bancos de la RD, se firmó un acuerdo para crear la Unidad de Investigación de Delitos Financieros, que operaria en la Sede de la Fiscalía del Distrito Nacional,  y que tendrá por finalidad perseguir y procesar penalmente a las personas físicas y jurídicas que realicen actividades de intermediación financiera ilegal sin contar con la autorización de la Junta Monetaria.
El auge de los delitos financieros o delitos de cuello blanco, ha tomado por sorpresa a las autoridades judiciales, monetarias y financieras, que no contaban con los múltiples fraudes que se han venido cometiendo y que podrían sobrepasar los Diez Mil Millones de Pesos y que hace urgente, de igual modo, una revisión sobre el contenido sancionador de la Ley No. 183-02, Monetaria y Financiera, a los fines de ser actualizada en materia de prevención de delitos cibernéticos que hasta hoy es suplida por la Ley No. 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, de fecha 23 de abril de 2007, y que bien pudieran adaptarse, gran parte de sus sanciones, a un Código Monetario y Financiero actualizado.
Varias fiscalías, se encuentran apoderadas para fines de investigación, sometimientos a la justicia y la imputación de faltas graves, contra varias entidades y sus directivos,   Si mencionáramos los montos envueltos en diversos fraudes financieros y captaciones de recursos de manera ilegal, podemos evaluar el caso de TelexFree, en cerca de Dos Mil Millones de Pesos, y que no hubo sanciones ni condenas en nuestro país, a pesar de haber estafado a cientos de familias, de igual modo, el fraude ocurrido en Banco Peravia, por unos Mil Cuatrocientos Millones de Pesos, en Empresas Belgar y su principal directivo Emilio BeltreGarcia, por unos Quinientos Millones de Pesos, Financiera Inversia y su principal ejecutivo Teodoro Hidalgo, por unos Mil Cuatrocientos Millones de Pesos, Banco Providencial y su principal directivo Iban Hernández Bona, por unos Seiscientos Millones de Pesos, Inversiones, Prestamos y Descuentos (IMPREDESA) y su principal directivo Juan Carlos Morales, por unos Seiscientos Millones de Pesos,Betances Vargas y Asociados en donde se encuentra como imputado Luis José Antonio Betances de León,  Morales Comercial y su principal directivo Juan Carlos Morales, por unos Seiscientos Millones de Pesos, Inversiones al Día (INVERDISA) y su principal directivo Apolinar Rodríguez , por unos Quinientos Millones de Pesos, Inversiones y Prestamos Veganos, por unos Cuatrocientos Millones de Pesos, Corporación de Crédito Rona donde se encuentra en prisión los hermanos Juan Romero Navarro, Elucipio Romero Navarro, por unos Trescientos Millones de Pesos, MoneyFree y su principal ejecutivo el Brasileño Andrés Afeitosa, soluciones financieras y su principal ejecutivo Alejandro Heredia Cueva, por unos Diez millones de pesos, CORPORACION DE CREDITO ORIENTAL S.A., y su principal directivo Roberto Eduardo Santiago López por unos Mil seiscientos millones de pesos, Corporación de crédito La Americana y otras de menor tamaño que se dedicaban a la captación de recursos del público unos, sin estar autorizados, otros reciben captaciones en dólares, otros no reportan los certificados financieros al ente regulador.
Algunas de esas empresas, en violación a la Ley No. 183-02, Monetaria y Financiera, emitían diferentes modalidades documentales como son Certificados de Inversión, “Contratos de Préstamos con Intereses”, Papel Comercial, Certificados de Valor, Contratos de Inversión,  Contrato de Inversión Sinalagmática, Certificado de Negocios a Plazo Fijo, Inversión en Dólares, entre otros, y que no importa el nombre que le pongan, constituyen una violación al Artículo 3, de la Ley No. 183-02, Monetaria y Financiera, debido a la captación ilegal, y que de igual modo ha sido una práctica de algunas empresas dedicas a la construcción, la emisión de títulos de valor, bonos de inversión, “préstamos para la construcción”.
Esto hace necesario que la Procuraduría General de la República pueda crear una Procuraduría Especializada en Persecución del Delito Financiero y del Fraude Tributario,  debido a la inmensa cantidad de recursos que en franca violación a la Ley No. 183-02, Monetaria y Financiera, manejan muchas entidades, unas reguladas, otras no, y que en definitiva, afectan el patrimonio de cientos de familias, unos que confiando en el sistema, depositaron los ahorros de toda su vida, y otros llevados por falsas promesas de jugosas ganancias y de elevados intereses que otras instituciones bancarias no le ofrecen, así como la alta tasa de defraudaciones fiscales llevadas a cabo en perjuicio del Estado Dominicano, y no solamente a través de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), o la Dirección General de Aduanas (DGA), si no en contra de innumerables instituciones estatales.
De igual modo, la Ley No. 249-17 sobre Mercado de Valores, de fecha 21 de diciembre de 2017, constantemente es vulnerada sin consecuencias jurídicas y más aún, cuando se expande el mercado del fideicomiso, el cual ha demostrado ser vulnerable y del cual no se conocen sanciones que también podrían ser atribuciones de esa Procuraduría Especializada en Persecución del Delito Financiero y Tributario.
La creación de esta entidad, pondría al Consejo de Directores, Funcionarios, Auditores, Empleados, Comisarios de Cuentas, y Funcionarios de Alta Gerencia de las entidades de Intermediación Financiera, reguladas o no, en serios aprietos porque tendrían muy alta responsabilidad, cuando se les comprueben violaciones a los artículos 3, 68 y 80 de la Ley No. 183-02, Monetaria y Financiera, se constituirían en asociación de malhechores, podrían ser acusados de lavados de activos provenientes de infracciones muy graves y enfrentarse con penas de hasta 20 años de prisión, por violación a diferentes leyes.

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