Por Luis Aníbal Medrano S.
Uno de los aspirantes a la presidencia de la República Dominicana por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), ha iniciado una serie de propuestas que tocan puntos neurálgicos de la situación actual del país, situación esta que sólo la ceguera de la pasión política o los lentes oscuros del beneficio particular no permite ver y sentir.
Abinader viene planteando sobre el modelo económico ideal y todo eso lo sustenta sobre la base de que para tener un país diferente, la unidad por el cambio debe ser social y política, es un planteamiento certero y aplicable para lograr un gobierno que procure el bienestar colectivo y no el particular.
De igual manera comprendemos que, al igual que el, diversos economistas plantean con ahínco que en el contexto actual de una economía internacional frágil y turbulenta, la creación de empleos es la prioridad mundial más acuciante en materia de desarrollo y basan ese planteamiento en que la aspiración de contar con empleos y medios de vida más remuneradores y basados en la dignidad y el respeto constituye un objetivo de desarrollo con el que se identifica la gente en todas partes del mundo.
Creemos que es impostergable mejorar la calidad de la educación en la República Dominicana, donde los estándares de las escuelas públicas han sido deficientes. No basta con estudiar las políticas de educación a nivel macro, que articula el gobierno y ejecuta el Ministerio de Educación. Lo que se promete o se prevé en teoría, regularmente difiere considerablemente de lo que sucede en los planteles escolares. Es importante comprender a nivel micro el funcionamiento concreto de las escuelas cuando se aplican las políticas educativas dirigidas a mejorar la calidad de la educación.
Estamos de acuerdo de que hay que combatir la corrupción y la impunidad, pero en todos sus niveles, la omisión de responsabilidades también es un acto de corrupción, en consecuencia nadie debe estar en desacuerdo con esta lucha en contra de dos de los mayores males que aquejan a nuestro país.
La lucha contra la corrupción y la impunidad debe ser emprendida no sólo contra los políticos, debe abarcar otros ámbitos de la sociedad que de una u otra manera promueven y durante mucho tiempo han ejercido esa mala práctica.
Se impone la tarea de articular un sistema adecuado de prevención y control del delito, que surja como producto de un minucioso y amplio estudio de la situación en sus diferentes ámbitos. Una especie de "Estrategia Nacional sobre Prevención Delictiva y Seguridad Comunitaria" y la implementación de un “Consejo Nacional de Prevención de la Delincuencia”, que se encargue de la aplicación de las diferentes etapas de dicha estrategia, pero conformado por organismos existentes relacionados con el tema
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