SANTO DOMINGO.- El procurador general de la República, Jean Rodríguez, advirtió que el Ministerio Público continuará actuando drásticamente contra los intentos de ejecutar embargos irregulares y dijo que solicitarán que vayan a prisión quienes participen o tengan alguna vinculación con esta nociva práctica.
Rodríguez se expresó en estos términos al ponderar la resolución emitida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, que impuso tres meses de prisión preventiva contra tres de cuatro imputados por el intento de embargo ilegal ocurrido el pasado jueves en la empresa Hormigones Tavares Industrial, donde inclusive se produjo una balacera.
El procurador general destacó la presteza con que ante este deplorable hecho actuó la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, bajo la dirección de su fiscal titular Eduard López, que apenas horas después de lo ocurrido y de divulgarse un vídeo a través de las redes sociales localizó y puso bajo arresto a todos los involucrados.
Los imputados con prisión preventiva son Osvaldo De León García, José Rafael Riera Castellano y Luilli Yovani Reyes, quienes deberán cumplir la medida de coerción en la Penitenciaría Nacional de La Victoria.
Por su vinculación a este caso también es procesado el imputado Francisco Miliano Reyes, cuya audiencia para el conocimiento de medidas de coerción fue aplazada para el 18 del presente mes.
Ley que regule fuerza pública
El máximo representante del Ministerio Público afirmó que para a poner control a la ejecución de embargos es urgente convertir en ley el proyecto que regula el otorgamiento de la fuerza pública que reposa en el Congreso, haciéndole las modificaciones que sugirieron en torno a esa pieza legislativa.
En este orden, resaltó que las sugerencias para esta iniciativa legal se hicieron al Congreso Nacional desde la Unidad de Desarrollo Legislativo y Regulatorio de esta Procuraduría General de la República, entre las que figura, el fortalecimiento de la estructura del otorgamiento y ejecución de la fuerza pública.
También, fue sugerido el establecimiento de mayores requisitos al momento de solicitarla, sin perjuicio de la necesaria fase de conciliación que coloque a las partes en igualdad de conocimiento, sin que esto signifique un espacio para distraer bienes, sino más bien para evitar arbitrariedades y mala práctica de la ejecución; y, por supuesto a cargo del Ministerio Público, como ente representante de la sociedad y canalizador de la ejecución de las sentencias y decisiones judiciales mediante el auxilio de la fuerza pública.
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