SANTIAGO.- El
procurador general Jean Rodríguez dejó este viernes iniciados los trabajos de
ampliación del Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombre y del Centro
de Atención Integral de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal (CAIPACLP) en
esta ciudad de Santiago, con lo que puso
en marcha el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario Nacional, anunciado
por el funcionario en el mes de octubre pasado.
Al dejar
iniciado los trabajos, el procurador Rodríguez resaltó que con este plan se
mejorará radicalmente las condiciones en las que viven los reclusos en
República Dominicana, y dijo que, en pocos meses, quedarán atrás el
hacinamiento y las infrahumanas condiciones en las que éstos cumplían o
esperaban condena.
“Este Plan
supone la reforma penitenciaria más profunda que se haya realizado a la fecha
en nuestro país. Con este proyecto construiremos más de 12,000 nuevos espacios
para los privados de libertad, remodelaremos todos los recintos de menores de
edad, intervendremos 12 cárceles preventivas y los 41 recintos penitenciarios
existentes a nivel nacional, ya sea para remodelaciones ligeras o profundas,
dependiendo de la necesidad de cada centro”, expresó.
Al hacer uso
de la palabra, Jean Rodríguez reflexionó sobre el respeto a la dignidad de la
persona, el cual debe prevalecer aun cuando una persona se encuentre recluida
en un centro guardando prisión, dijo además que la dignidad es lo que nos
define como seres humanos, y los reclusos ni dejan de ser personas ni dejan de
tener dignidad por el hecho de estar en prisión.
Dijo además,
que con la implementación de este Plan se transformará el sistema penitenciario
para adecuarlo al siglo XXI, “a partir de este momento tendremos un sistema
actualizado, moderno, eficaz y, sobre todo, humano para garantizar que todo
privado de libertad en la República Dominicana, sin importar su edad, su sexo o
donde esté recluido, tenga garantizado un espacio físico decente y digno
durante su internamiento, y lo más importante, daremos cumplimiento a la
constitución, la cual establece que las penas privativas de libertad deben
estar orientadas hacia la educación y la reinserción social, en el marco de lo
humano”.
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