SANTO DOMINGO.-El abogado y
catedrático Namphi Rodríguez criticó la pasividad con la que sociedad
dominicana acepta las interceptaciones de sus comunicaciones personales y
advirtió que la profusión del espionaje practicado por el Gobierno y por grupos
privados conduce a un Estado Policial y a una “policía del pensamiento”.
Rodríguez,
presidente de la Fundación Prensa y Derecho, dijo que solicitó la intervención
de la Defensoría del Pueblo para evitar que el Procurador General de la
República, los fiscales y los organismos de seguridad del Estado impongan una
“vigilancia genérica” a la ciudadanía bajo la supuesta necesidad de hacer más
eficaz la lucha contra la delincuencia.
Alertó que una
situación como la descrita equivaldría a permitir que un “Estado policial”
suprima el Estado de Derecho que proclama la Constitución.
Puntualizó que
la Constitución y el Código Procesal Penal conciben esas medidas de instrucción
como excepcionales y extremas, al punto que sólo deben imponerse en aquellos
delitos cuyas penas máximas exceden los 10 años de reclusión.
“El artículo 192
del Código Procesal Penal instituye un procedimiento preceptivo para las
medidas de intervención de comunicaciones que las limita a aquellos hechos
punibles aparejados con sanciones superan los diez años de privación de
libertad y a los casos para asuntos complejos”, señaló.
Dijo que,
cónsono con el artículo 44 de la Constitución, el referido texto del Código
Procesal Penal es muy claro cuando establece que esas interceptaciones tienen
carácter excepcional y que jamás se puede dar pábulo a la idea macabra de que
el Estado debe satisfacer una supuesta necesidad genérica de prevenir o
descubrir el delito.
Sostuvo que al
alto número de intervenciones telefónicas oficiales hay que añadir la actividad
ilegal de personas privadas que se les permite abiertamente instalar centros de
espionaje telefónico para dar seguimiento a políticos, periodistas y defensores
de derechos humanos.
“El gran Hermano
que es el Estado está escuchando nuestras comunicaciones y muchas veces no lo
sabemos, como lo demuestra el caso de la magistrada Miriam Germán Brito, quien
era espiada por el Procurador con una orden judicial de un juez incompetente”,
dijo.
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