BRASILIA.- Una muy polémica decisión adoptada este jueves por la Corte Suprema de Brasil le abrió las puertas de la cárcel al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y a miles de presos con apelaciones pendientes, con un impredecible impacto político.
En un ajustadísimo fallo, definido apenas por un voto (6-5), el Supremo anuló una jurisprudencia que había establecido en 2016 y con la cual había autorizado ejecutar una pena de prisión después de que se confirmara en segunda instancia, pese a que en esa fase quedaban aún dos apelaciones pendientes en tribunales superiores.
Según la nueva decisión, la prisión solo podrá ordenarse cuando, como establece la Constitución, se complete el ‘tránsito en juzgado’ (‘cosa juzgada’ en español) y se hayan agotado todos los recursos posibles, con lo que la culpabilidad estará plenamente determinada.
En el caso de Lula, el más célebre de los cerca de 5.000 presos brasileños que serían beneficiados, comenzó a cumplir en abril de 2018 una pena de ocho años y diez meses por corrupción tras ser condenado en segunda instancia.
La sentencia fue confirmada luego en una tercera instancia, pero aún le resta una apelación que ya ha presentado ante el Supremo, que todavía no se ha pronunciado.
Según la nueva jurisprudencia adoptada por el Supremo, cada caso de personas en prisión con apelaciones pendientes deberá juzgarse en forma individual, una vez que los abogados del recluso lo pidan, y se concederá la libertad siempre y cuando no represente un ‘riesgo’ para la sociedad.
La decisión no se aplicará a aquellos casos en que una persona ha sido condenada por un tribunal popular debido a un delito violento. Pero ese no es el caso de Lula ni de una veintena de condenados por la operación anticorrupción Lava Jato.
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