SANTO DOMINGO.-El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), reclamó a las autoridades estatales el diseño de política orientada a enfrentar de manera más efectiva la violencia jovenil en el país.
En momentos en que se ha desatado un debate sobre la modificación a la Ley136-03 de protección de niños, niñas y adolescentes para incrementar la pena a los menores de edad que incurran en delitos graves, como el asesinato de la niña Yaneisy Rodríguez de 4 años, la FINJUS, propone un abordaje integral de este fenómeno, en cuya solución se involucren diversos sectores de la sociedad dominicana.
El vicepresidente ejecutivo de Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, plantea que ese abordaje sea más adecuado que la política criminal basada únicamente en el aumento de la pena.
“Estos lamentables hechos deben estimular a las autoridades y la sociedad a continuar en el estudio de las causas que generan estas desviaciones y promover el diseño de políticas públicas efectivas de prevención de la delincuencia y la violencia en el país” explica en un documento de prensa difundido este domingo.
Plantea Finjus
La sociedad dominicana ha quedado hondamente conmovida por el rapto, violación y asesinato de una niña de 4 años en la ciudad de Santiago. Es un crimen execrable que ha encendido nuevamente las alarmas sociales ante la barbarie y la degradación moral que implica.
Un hecho de esa naturaleza impacta hondamente en la opinión pública y revive discusiones acerca de la efectividad de las leyes, la eficacia de las instituciones del sistema de justicia penal y en general sobre las causas de estos aborrecibles fenómenos.
Al mismo tiempo la alarma y el estupor se agravan cuando se informa que entre los autores materiales se encuentran uno o más adolescentes. Se produce, de inmediato, un recrudecimiento del debate sobre el sistema de justicia juvenil, y se enfoca de manera específica en la necesidad de que se modifique la Ley No. 136-03 de protección de niños, niñas y adolescentes para aumentar el tope de la pena correspondiente, en la creencia de que esta modificación legal contribuirá a la reducción o eliminación de estos crímenes.
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