En medio de las críticas y cuestionamientos al gobierno, la ministra de Comunicación, Isabel Fernández, dijo que la mandataria tomó esa decisión para evitar 'cualquier interferencia en el trabajo de la justicia”.
Los ventiladores se compraron a la firma catalana GPA Innova con un costo total aproximado de 4,7 millones de dólares, es decir, unos 28.000 dólares cada uno. El sobreprecio casi triplicó el costo real, según develó un portavoz de la firma a medios bolivianos.
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