SANTO DOMINGO.-Los empresarios del transporte Antonio Marte, de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (CONATRA), y Mario Díaz, de la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristianos (FENATTRANSC), reclamaron al Gobierno les permita cubrir el déficit de los gastos operacionales por los protocolos de covid-19 con los recursos del fondo creado por la Ley 253-12, con el impuesto de los dos pesos a la gasolina y gasoil premiun, que tiene 16 mil millones de pesos.
Ambos transportistas explicaron que el monto asciende a la multimillonaria suma de 64 mil millones de pesos, de los cuales el 75%, (cerca de 48 mil millones de pesos), han sido utilizados por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en el desarrollo, reparación y mantenimiento de la red vial del país, por lo que cuestionan el destino que ha dado el Gobierno a los restantes 16 mil millones de pesos, que afirman les pertenecen al sector transporte.
“La Ley 253-12, sobre el Fortalecimiento de la Capacidad Recaudadora del Estado para la Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible, establece en su artículo número 20 la creación de ese impuesto y tanto esa ley como la número 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana, establecen la forma exclusiva en que la recaudación de ese dinero debe ser utilizada”, explicó Antonio Marte.
Tribunal Constitucional ordenó entregar fondos. Mario Díaz recordó que existe la sentencia del Tribunal Constitucional, número TC-0589-18, de fecha 10 de diciembre del año 2018, que ordenó al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre “cumplir con lo establecido en el Artículo 20 de la Ley número 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana y en consecuencia, proceda al diseño y regulación del programa de renovación vehicular del transporte de pasajeros y de cargas”, mediante la utilización de esos recursos, los cuales deberán ser utilizados, única y exclusivamente en la sustitución del parque vehicular del transporte colectivo privado de pasajeros y de cargas de la República Dominicana.
“Pese a la sentencia, la Ley 253-12 no se ha cumplido para hacer posible ese propósito, pero algo peor es que la sentencia del Tribunal Constitucional, la cual adquirió «el valor de la cosa irrevocablemente juzgada», ha sido desacatada, no precisamente por el (INTRANT), sino por el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, quien es el funcionario señalado por la Ley 253-12, en su artículo 20, párrafo III, para custodiar esos recursos.
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