El órgano de administración y disciplina envió además por ante el Comité de Comportamiento Ético a los magistrados Milton E. Castillo, Ernesto Ramírez Méndez y Loyda de la Rosa Beltré, de la Corte de Apelación del mismo distrito judicial, porque ratificaron 17 de esas sentencias y revocaron 20.
La querella disciplinaria contra los cuatro jueces fue interpuesta por el Estado Dominicano en 2017 mediante el abogado Julio Cury, luego de que dictaran condenas a favor del grupo de parceleros que demandó por daños y perjuicios al Estado y a Edesur, con el argumento de que le habían colocado líneas de transmisión eléctrica dentro de sus propiedades localizadas en San Juan y Elías Piña.
Lo que hacía el juez Haza. De acuerdo con la Resolución número 004/2020, emitida por el CPJ el 18 de marzo pasado, se pudo comprobar que el juez de primera instancia actuó en contubernio con el señor Garibaldy Sánchez Montero, quien representaba a los 37 parceleros a través de un Poder Especial, y su abogado Rafaelito Encarnación DÓleo.
Indica que para comunicarse con el abogado Encarnación DÓleo el juez De Haza utilizó un teléfono que fue activado por su amigo Omar Sterlin Vicioso Nin, en noviembre del 2016, y desactivado en octubre del 2017.
Expone que el magistrado le pedía a su amigo que le facilitara algún tipo de “chip” de temporada, indicándole que “antes de yo ser cristiano solía usar varios números y debía de usarlos en un espacio breve de tiempo”.
Así pudieron comprobar que en los meses de enero, febrero y marzo del 2017 se produjeron 49 llamadas entre los teléfonos del abogado Encarnación D’ Óleo y Sánchez Montero, y el teléfono del juez, lo que indica que hubo contacto con el juez y las partes durante el tiempo en que se estuvo conociendo el caso que terminó con la condena a Edesur.
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