Según la propuesta de Taveras Guzán, los ministerios deben informar y alertar al Senado sobre las irregularidades que hayan podido detectarse en la gestión anterior, la gravedad de las mismas y las consecuencias penales que puedan ser aplicadas a los responsables.
En la resolución se otorga un plazo tres meses a cada ministerio para que entregue su respectivo informe a la Comisión Especial de Investigación creada para los fines.
“Ya no más borrón y cuenta nueva. Este Senado debe cumplir su función de fiscalizar y garantizar el uso correcto de los recursos públicos. Vamos a identificar cualquier irregularidad cometida en la gestión pasada y a tomar las medidas de lugar para que sean sancionadas y no vuelvan a repetirse”, declaró el senador de la provincia Santo Domingo al motivar la pieza en el hemiciclo.
En el caso de encontrarse indicios que vinculen prácticas o conductas con infracciones administrativas o penales, la comisión especial de investigación deberá recomendar la comunicación de las informaciones recopiladas a las autoridades correspondientes para agotar los procedimientos previstos de conformidad con la normativa aplicable.
En sus consideraciones, el proyecto apela al ejercicio de las atribuciones de fiscalización y control del Congreso Nacional, las cuales están reconocidas por el artículo 93, numeral 2 de la Constitución de la República. Además, justifica la solicitud en el artículo 146 de la carta magna, el cual consigna la proscripción de la corrupción y condena toda forma de corrupción en los órganos del Estado.
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