Por Amadeo Peralta
Los señores, Ramón Reynoso, Nelly Capellán y Roberto Sánchez, denunciaron a través de diversos medios una serie de denuncias que involucra a varios “servidores judiciales” en la expedición fraudulenta de títulos para cometer fraudes y despojar a extranjeros de sus propiedades y motivado por las denuncias que se han venido realizando y en harás de esclarecer los hechos denunciados, la Inspectoría General de la Suprema Corte de Justicia inicio las investigaciones del caso que involucran a varios afectados por presunta obtención de títulos de manera fraudulenta ante el registro de títulos del D.N, en relación con la Parcela 10-D, del DC. # 2, del municipio de Luperón, Prov. Puerto Plata, específicamente en las zonas de Punta Rucia y la Ensenada, en el Municipio de Villa Isabela y las mismas se iniciaron con entrevistas y obtención de información vital, por parte de los denunciantes y del abogado Amadeo Peralta, quien los representa, los cuales fueron entrevistados por espacio de 4 horas en esa dependencia investigativa.
la Inspectoría General, dirige las investigaciones que envuelven a empleados y servidores del poder judicial, para determinar la participación o la responsabilidad disciplinaria de empleados de los registros de títulos, alguaciles, agrimensores, notarios, jueces o personas vinculadas en relación con las denuncias presentadas y determinar o no la veracidad de los hechos , ya que lo denunciado por el abogado Amadeo Peralta, merece ser atendido porque de ser comprobadas , esas actuaciones por parte de servidores judiciales eso afecta la seguridad jurídica, el clima de inversión extranjera, los debidos procesos de ley, genera desconfianza en las instituciones y afecta la imagen del país , por las acciones que se investigan y por las personas afectadas.
La Inspectoría General de la Suprema Corte de Justicia, ha venido cancelando empleados y sometiéndolos a juicios disciplinarios, independientemente de sus faltas penales y de responsabilidad civil, cada vez que se a comprobado que participen en contubernio con grupos criminales, tal y como sucedió con el caso de los “tres Brazos”, donde desvinculo y solicitó juicio disciplinario contra varios funcionarios y empleados del registro de títulos del D.N.
Se recuerda que los denunciantes atribuyen a una mafia compuesta por agrimensores, abogados y alguaciles en complicidad con el Director Regional de Mensuras Catastrales Zona Norte, la realización fraudulenta de “deslindes administrativos”, de propiedades que no les pertenecen a sus hoy falsos reclamantes.
Por esos hechos están siendo investigados, varias personas a las cuales les pusieron títulos a sus nombres y que aun no lo saben y posteriormente aparecen vendiéndoles a una empresa de carpeta, personas inclusive fallecidas.
Los denunciantes también depositaron pruebas, que luego de realizados los fraudes, utilizan como medio de presión, extorsión y chantaje, el depósito de querellas y acusaciones contra las mismas víctimas de los desmanes de la mafia, según consta el relato de sus denuncias.
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