Por Araceli Aguilar Salgado
“Si no protegemos a los periodistas, nuestra capacidad para mantenernos informados y adoptar decisiones fundamentadas se ve gravemente obstaculizada.
Cuando los periodistas no pueden hacer su trabajo en condiciones de seguridad, perdemos una importante defensa contra la pandemia de información errónea y desinformación que se ha extendido por Internet.” António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas
El 18 de diciembre de 2013 la Asamblea General aprobó su primera resolución relativa a la seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad A/RES/68/163 en la que se condenaba todo tipo de ataques contra los trabajadores de los medios de comunicación y se proclamaba el 2 de noviembre como el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. La fecha se eligió en conmemoración del asesinato de dos periodistas franceses en Malí en 2013.
Esta histórica resolución insta a los Estados Miembros a que tomen medidas concretas para prevenir las agresiones contra los periodistas, asegurar que los responsables sean llevados ante la justicia y garantizar el derecho de las víctimas a las reparaciones. Asimismo, exhorta a los Estados a promover un entorno propicio y seguro en el que los periodistas puedan realizar su labor de manera independiente y sin interferencias.
Por lo que cerca de 1.200 periodistas fueron asesinados por informar y hacer llegar las noticias al público. Esta cifra indica que, en promedio, hubo una muerte cada cuatro días, y en nueve de cada 10 casos, los asesinos no han sido condenados. La impunidad conduce a más asesinatos y, a menudo, es un síntoma de la agudización del conflicto y el colapso de la ley y los sistemas judiciales, esta daña a la sociedad al encubrir graves abusos a los derechos humanos, la corrupción, y la delincuencia.
Se ha solicitado a los gobiernos, a la sociedad civil, a los medios de comunicación, y a todos los interesados, que defiendan el estado de derecho y que se unan a los esfuerzos mundiales para poner fin a la impunidad, en 2019, el mayor número de ataques mortales contra periodistas ocurrió en América Latina y el Caribe, lo que representa 40 por ciento del total de asesinatos en todo el mundo, seguida de Asia y el Pacífico con 26 por ciento de los asesinatos, o sea representan más de las tres cuartas partes de los homicidios.
Además, la mayoría de los periodistas fueron asesinados en países donde no existen conflictos armados, el 90% de los asesinatos quedan impunes.
Durante la pandemia de la COVID-19, los gobiernos autoritarios de China, Venezuela, Irán y otros lugares han utilizado la COVID-19 como una excusa para amenazar, detener y atacar a periodistas. Las mujeres periodistas enfrentan riesgos específicos, como el cibertrolling, la difamación de su reputación, y otras amenazas y violencia de género.
Los gobiernos posibilitan la impunidad al no reparar estos abusos y crímenes contra periodistas, y también al cometer abusos. Las organizaciones no gubernamentales clasifican a China, Corea del Norte y Turkmenistán entre los peores países del mundo en cuanto a libertad de prensa, mientras que Siria y México se encuentran entre los más peligrosos. Según el Comité para la Protección de los Periodistas, China, Turquía, Arabia Saudita y Egipto encarcelan a más periodistas por sus informes que otros países.
Por lo que nivel mundial, México está en el sexto lugar de los países donde más asesinatos de periodistas quedan impunes. Es decir, es un lugar en el que la mayoría de quedan sin resolver y los asesinos está en total libertad. Del lado occidental, es el país en el que más crímenes de estos hay.
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