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Organizaciones empresariales reclaman un ambiente de confianza y competencia justa en RD


SANTO DOMINGO.-Las organizaciones del sector empresarial e industrial consideraron necesaria la aprobación de una nueva ley de desarrollo fronterizo que realmente fomente la generación de inversiones y empleos en las provincias de la frontera, sin detrimento de industrias, empresas y empleos en otras zonas del país.

Mediante un comunicado de prensa, reconocieron las profundas desigualdades sociales y económicas que afectan a las provincias fronterizas, lo que ha llevado a que esta región se sitúe entre las más pobres de la nación, razón por la cual apoyaron la permanencia de un régimen especial para las empresas que se instalen en dicha zona.

Indicaron que la Ley 28-01 no debe dejarse expirar al llegar a su término, sino que debe ser modificada a fin de que en ella “se establezcan, de manera clara y explícita, reales facilidades para que muchas empresas se instalen en la zona y que, al mismo tiempo, se cree un verdadero y seguro clima de inversiones tanto privadas como públicas, que dote de mejores condiciones de vida a los habitantes de la zona”. Consideraron, sin embargo, que esta nueva ley no debe generar “una competencia desleal a las demás regiones del país”.

El comunicado fue firmado por treinta y nueve organizaciones empresariales de República Dominicana.

Las organizaciones firmantes exhortaron a los legisladores a revisar y modificar las disposiciones de la Ley 28-01 que establecen incentivos fiscales para asegurar que las mismas sean enfocadas a la producción en la frontera y no sigan causando las distorsiones creadas en otras zonas del país.

“Las exenciones aplicadas no solo afectan las recaudaciones fiscales al eximir del pago de impuestos a las empresas en instalaciones y comercialización fuera de la zona fronteriza, sino que además impactan negativamente el encadenamiento productivo, al exonerar importaciones de bienes finales, bienes intermedios, e insumos que son producidos en el país”, señalan las organizaciones.

Afirman que debe quedar claro que permitir la importación libre de impuestos de todo tipo de bienes desde otros países no produce empleos y riquezas en la zona, sino que los genera fuera del país.

Reconocieron que el Gobierno realiza grandes esfuerzos por la reactivación económica y la industrialización del país y que una extensión pura y simple de la Ley 28-01 por otros 30 años, sin una revisión consciente de su redacción, de la focalización de los incentivos y sin tomar en cuenta el daño provocado al desarrollo productivo en otras regiones, sería contraproducente.

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