Mi observatorio:
POR LUIS D. SANTAMARIA
(El autor es periodista. Reside en Monte Plata)
El Gobierno debe proceder urgentemente a rescindir el contrato leonino del peaje sombra de la autovía del Nordeste o carreta a Samaná por ser dañino e improcedente al interés nacional.
El peaje sombra es lo que en buen dominicano podemos definir como un atraco a un pueblo indefenso que no tiene dolientes, no tiene quienes los defiendan en las esferas del poder.
Es un verdadero robo ya que esa vía no amerita los cobros que se realizan forzozamente en las distintas estaciones desde la autopista Las Américas hasta el cruce de Molinillo en la carretera de Nagua.
Los habitantes de la provincia Monte Plata, una de las que toca esa autovía prefieren no usar esa carreta por lo costoso que le representa ir a Santo Domingo de apenas 59 kilómetros.
Usted tiene que pagar desde Monte Plata a Santo Domingo 201 pesos en la primera estación del peaje y 59 en el segundo, es decir 260 pesos de ida y 260 de regreso, lo que es un verdadero abuso.
No han valido los estudios de factibilidad que se han hecho en torno al peaje sombra de la vía, ya que se mantiene firme en perjuicio de todos los que tienen que utilizar esa carretera.
En el año 2005 el Banco Mundial realizó un estudio que validó con rigor científico la alta tasa de rendimiento económico y social que resultaría de la construcción de las carreteras Juan Pablo II y el Boulevard Turístico del Atlántico.
Sin embargo, desde sus inauguraciones en diciembre de 2008 y octubre de 2011 respectivamente, las obras no han generado rentas en el orden esperado. Por el contrario, los ingresos han estado significativamente por debajo del mínimo garantizado por el Estado al consorcio Autopista del
Nordeste, S.A., entidad colombiana, encargada de la construcción y administración de las autopistas.
De hecho, el déficit en relación al mínimo garantizado en el contrato concesionario ha sido tal que en el periodo 2012-2019 el gobierno erogó más de US$450 millones por concepto del peaje sombra que subvenciona a la empresa desarrolladora en virtud de su rentabilidad sub óptima.
Para poner dicha cifra en perspectiva es preciso señalar que el costo de construcción de ambas carreteras fue de poco más de US$305 millones. Esto quiere decir que en un promedio de ocho años y medio el Estado pagó al consorcio ADN un monto que supera el costo de las obras en casi un 50%.
Sin dudas, cuando contabilicemos el peaje sombra que habrá pagado el erario al cabo de este año 2020, el monto total se disparará por encima de los US$500 millones.
Esto es sin tomar en cuenta el peaje normal, exorbitante por demás, que el consorcio ha estado cobrando desde finales del año 2008.
En otras palabras, el ingreso mínimo garantizado transfiere en un 100% el riesgo operacional del sistema vial de marras al gobierno de la República Dominicana.
Por su lado, la empresa concesionaria tiene un éxito financiero asegurado por 30 años de los cuales ya lleva casi 12 cobrando.
Después de detallar la naturaleza del ingreso mínimo garantizado, el Dr. Leonel Fernández señala lo siguiente en la referida carta al órgano legislativo:
El modelo financiero del proyecto, indica que el Estado dominicano tendrá como ingreso por concepto de impuestos y excedentes de peaje durante la etapa de operación de la concesión la suma de Novecientos Millones de dólares de los Estados Unidos con 00/100 (US$900,000,000.00).
Sin embargo, contrario a ese vaticinio, a la fecha, el Estado dominicano ha tenido solo pérdidas. La situación fuera menos precaria si el monto erogado por concepto del ingreso mínimo garantizado mostrase una tendencia a la baja, pero, según lo que ha venido publicando la Dirección Nacional de Presupuesto desde 2012, las cifras, en sentido general, van en aumento.
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