El abogado Giovanni Matos, vicepresidente ejecutivo de la entidad de defensa de la libertad d expresión, dijo que ya las razones que tuvo el tribunal para impedir las transmisiones han cesado, por lo que las juezas deben cumplir con el derecho de acceso a la información judicial de los ciudadanos en casos relevantes.
Matos subrayó que el artÃculo 49 de la Constitución dispone que los medios de información tienen libre acceso a las fuentes noticiosas oficiales y privadas de interés público, lo cual viene a ser robustecido por los artÃculos 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y PolÃticos, y el 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
“Pero, aún en el contexto del Código Procesal Penal, los artÃculos 308, 309 y 310 son lo suficiente claros al establecer la publicidad del juicio como la regla, dejando poco margen al juicio a puertas cerradas cuando se afecte el pudor, la vida privada, la integridad fÃsica de las personas, los derechos de los menores o cuando esté en riesgo algún secreto de Estado”, dijo.
A principios de año, las magistradas que componen el tribunal prohibieron la transmisión por televisión de los interrogatorios a los testigos brasileños en el sonado caso argumentando que los declarantes que no estén presentes en la sala de audiencia pueden ser influenciados al tomar conocimiento de las versiones ofrecidas por quienes les precedan en la audiencia.
Matos consideró que la medida restrictiva además de privar a la ciudadanÃa de información importante en un juicio penal de trascendencia pública, ha generado confusión por las notas de prensa manipuladas que envÃan las partes a los medios de comunicación.
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