Los legisladores deben votar a favor de la reforma al Código Penal
Washington D.C., 22 de abril de 2021) – El Congreso de la República Dominicana debe adoptar una propuesta para despenalizar el aborto en tres circunstancias, señaló hoy Human Rights Watch. La prohibición total del aborto establecida por el país, que está vigente desde 1884, amenaza la salud y la vida de las personas gestantes y es incompatible con las obligaciones internacionales de derechos humanos asumidas por la República Dominicana.
En la República Dominicana, el aborto es ilegal incluso cuando el embarazo supone un riesgo para la vida, es inviable o se produjo como resultado de una violación o de incesto. El Congreso está tratando una propuesta que despenalizaría el aborto en estos casos.
“Los legisladores de la República Dominicana tienen una oportunidad histórica para reformar el arcaico Código Penal que está vigente en el país y despenalizar el aborto en tres circunstancias”, explicó Ximena Casas, investigadora de derechos de la mujer de Human Rights Watch. “Las mujeres y las niñas en la República Dominicana han esperado mucho para que las autoridades defendan su vida y sus derechos sexuales y reproductivos”.
El Código Penal del país prevé penas de hasta dos años de prisión para las mujeres y las niñas que tengan abortos, y de hasta 20 años para los profesionales médicos que los realicen.
Durante los últimos 15 años, Human Rights Watch ha publicado varios informes sobre el impacto de la criminalización del aborto, ocho de ellos sobre países en América Latina y el Caribe. En todos los casos, Human Rights Watch ha llegado a la conclusión de que los marcos jurídicos que penalizan el aborto generan un entorno en el cual las mujeres y niñas recurren a procedimientos inseguros que ponen en peligro su salud y sus vidas.
Human Rights Watch publicó un informe y un video en 2018 en los cuales documentó las consecuencias perniciosas de la prohibición del aborto en la República Dominicana y que elaboró a partir de entrevistas a decenas de mujeres y niñas que tuvieron embarazos no deseados y recurrieron a métodos de aborto inseguro, a menudo exponiéndose a un grave riesgo para su salud y sus vidas. La investigación mostró que la prohibición del aborto en el país contribuyó a complicaciones de salud y muertes maternas prevenibles y perjudicó de manera desproporcionada a las mujeres y niñas de sectores de bajos ingresos y zonas rurales, que tienen menos probabilidades de acceder a métodos de aborto más seguros o de viajar a otro país donde el aborto sea legal.
El presidente Luis Abinader ha propuesto celebrar un referéndum nacional para que sea la ciudadanía la que decida. Cuando se limita de manera irrazonable el acceso a servicios de aborto legal y seguro, como ocurre en la República Dominicana, el Estado tiene la obligación de respetar, proteger y efectivizar los derechos humanos relacionados con la salud sexual y reproductiva y la autonomía, y estos derechos no deberían ser objeto de un referéndum, indicó Human Rights Watch.
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