La medida de coerción fue impuesta en perjuicio de Manuel Aquilino Ferreras Reyes, propietario del colmado La Gran Parada.El informe redacta que el caso fue declarado complejo.
Agrega que dentro de las pruebas presentadas por la representante del Ministerio Público, la fiscal Vilmania Pérez De Los Santos, “se encuentra un reporte considerable de transacciones hechas por dicho negocio al programa temporal “Quédate en Casa”, las cuales no son reconocidas por los propietarios de las cédulas de identidad usadas como medio de pago en esas transferencias monetarias irregulares”.
Indica que durante el allanamiento realizado por miembros del Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT), al colmado ubicado en el distrito municipal Polo, la fiscalía decomisó aparatos electrónicos, 25 tarjetas Progresando con Solidaridad, una Cédula de Identidad y una gran cantidad de boucher’s (recibos de pago electrónico).
Los abogados actuantes en la imposición de la medida al imputado Ferreras Reyes, representantes legales de la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS), calificaron la decisión de la jueza Valenzuela, como “una acción con mucho peso legal, que da aliento a la guerra llevada a cabo por esa institución gubernamental en contra del grupo de infractores que ha defraudado cientos de millones de pesos al Estado dominicano, a través del programa social, gestionado en beneficio de las personas que viven en situación de vulnerabilidad y pobreza”.
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