Según el jurista , eso revela una autoridad renunciante a la defensa de los derechos e intereses de la patria de Duarte.
El también ex juez del Tribunal Constitucional expresó que el río Masacre está protegido por el Tratado de Paz y Amistad Perpetua y Arbitraje en las repúblicas dominicana y haitiana, suscrito por ambas naciones en 1929.
Dijo que se convirtió en “letra muerta” el Protocolo de Revisión de 1936, el cual consigna con claridad meridiana en su artículo 10 que “en razón de que ríos y otros cursos de agua nacen en el territorio de un Estado y corren por el territorio del otro o sirven de límites entre los dos Estados, ambas partes contratantes se comprometen a no hacer ni consentir ninguna obra susceptible de mudar la corriente de aquellas o de alterar el producto de las fuentes de las mismas”.
El presidente del Instituto Duartiano indicó que “esta decisión no necesariamente compromete al nuestro país, pues la Constitución política del estado dominicano que establece en su artículo 2 que “la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes, los cuales ejerce por medio de sus representantes o en forma directa, en los términos que establecen esta Constitución y las leyes”.
Explicó que el artículo 3 establece que “ninguno de los poderes públicos organizados por la presente Constitución puede realizar o permitir la realización de actos que constituyan una intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos de la República Dominicana o una injerencia que atente contra la personalidad e integridad del Estado y de los atributos que se le reconocen y consagran en esta Constitución (…)”.
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