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Parece que va en serio la persecución de la corrupción

 

Mi observatorio:

POR LUIS D. SANTAMARIA

(El autor es periodista. Reside en Monte Plata)

Bueno, las autoridades judiciales del país han dado muestra más que fehaciente de que la persecución de la corrupción va en serio con las últimas acciones emprendidas por el ministerio público en contra de este flagelo social que afecta a nuestra sociedad.

Los arrestos, nunca vistos de altos oficiales de los cuerpos armados de la República vinculados a supuestos actos de corrupción, entre ellos generales en las entidades donde laboraban es una muestra de que la lucha que se ha iniciado va en serio.

Aquellos que dudaban que la persecución de la corrupción era un juego han quedado sorprendidos con los últimos arrestos entre los que se encuentran altos oficiales generales que supuestamente se abrían apoderado de recursos millonarios en perjuicio del Estado.

Entre ellos se encuentran el general Juan Carlos Torres Robiou, de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), quien hasta hace poco fuera jefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), y Julio Camilo de los Santos Viola así como Boanerges Reyes Batista, del Ejército.

También, el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz y Miguel Ventura Pichardo; a Erasmo Roger Pérez Núñez, el cabo Jehohanan L. Rodríguez Jiménez y los nombrados José Manuel Rosario Pirón, y César Félix Ramos Ovalle, cuyos rangos e instituciones no fueron especificados.

Las detenciones se han producido como parte de una nueva indagatoria de las autoridades judiciales denominada “Coral 5G”, la cual se desprende de la «Operación Coral» iniciada hace varios meses y la cual envuelve a figuras militares ligadas al pasado gobierno de Danilo Medina,

“Coral 5G se desarrolla como parte de las acciones contra la corrupción y la impunidad encaminadas por la gestión del Ministerio Público que encabeza la magistrada Miriam Germán Brito”, dijo la Procuraduría en un comunicado de prensa.

Se han realizados 49 allanamientos

Representantes de la Procuraduría Especializada de Persecución Administrativa y otros organismos oficiales han practicado en las últimas horas 49 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago y La Vega en busca de evidencias contra los sospechosos.

Estas actividades persecutorias han sido encabezadas por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, titulares de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

El caso operación Coral

Este caso es una derivación del caso «Operación Coral» que desde hace varios meses ejecutan las autoridades contra una estructura de corrupción que envuelve al mayor general Adán Cáceres Silvestre, exdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep).

También Rossy Guzmán Sánchez (la Pastora), el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, Raúl Alejandro Girón Jiménez, el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.

Estos últimos están detenidos en los centros de corrección y rehabilitación de Najayo Hombres y Mujeres, en San Cristóbal, en tanto que Raúl Alejandro Girón Jiménez, quien decidió cooperar con el Ministerio Público, está en arresto domiciliario.

El 8 de agosto el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional le confirmó la medida de coerción a todos los imputados. Para el pasado viernes 12 esa instancia judicial volvió y le confirmó las medidas, excepto al sargento Montero Cruz que tiene pendiente la apelación a la que sus abogados no se han presentado.

Las imputaciones

Al grupo se le imputa incurrir en asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.

Todo este accionar demuestra que va en serio la persecución en contra del entramado mafioso en contra de la corrupción administrativa que ha afectado al Estado durante años, privando a los dominicanos de miles y miles de millones de pesos.


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