La primera consistió en el depósito de un recurso de intimación en la Dirección General de Presupuesto el 24 de agosto pasado y la segunda en el sometimiento de un recurso de amparo en contra del Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo y la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) en el Tribunal Superior Administrativo el martes 7 de septiembre del 2021.
El recurso de amparo fue depositado por decenas de abogados miembros del gremio, encabezados por su presidente Miguel Surun Hernández, quien denunció que la justicia dominicana está atravesando momentos muy difíciles, de bajos salarios para la mayoría de empleados, falta de incentivos, de insumos, de equipos, de personal, de infraestructura física adecuada, sumado a la virtualidad, lo que dificulta su operatividad.
Surun Hernández explicó que la Ley 194-04, establece que la justicia debe recibir el 4.10 del Presupuesto Nacional, un 65 por ciento para el Poder Judicial y un 35 para la Procuraduría General de la República.
Denunció que “las limitaciones de recursos han imposibilitado la puesta en funcionamiento de más de 400 tribunales aprobados por leyes especiales, que gran parte de los actuales laboren en condiciones deplorables, que los titulares y otros servidores del Ministerio Público reciban salarios pírricos y carezcan de condiciones para perseguir el crimen.
Agregó que la ausencia de recursos también ha estancado la contratación de 1200 nuevos fiscales y la apertura de 400 fiscalías que estaban en proyecto, situación que mantiene asfixiado económicamente al sector judicial”, expresó el gremialista.
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