El presidente del CARD, Miguel Surun HernĆ”ndez, manifestĆ³ que por medio de la iniciativa se busca propiciar la entrega del Parque de GeneraciĆ³n ElĆ©ctrica Punta Catalina, cuyo contrato serĆa legalizado por las disposiciones de la pieza legislativa, las cuales parecen haber sido redactadas en concordancia milimĆ©trica con dicho contrato.
“Este es un proyecto lesivo a los intereses de la NaciĆ³n, porque abre las puertas a la privatizaciĆ³n generalizada del patrimonio pĆŗblico, de todas las entidades pĆŗblicas, incluyendo Ayuntamientos, Distritos Municipales, Ministerios, Direcciones Generales y Corporaciones PĆŗblicas”, afirmĆ³ el gremialista.
Surun HernĆ”ndez indicĆ³ que con el proyecto se corre el riesgo de la desapariciĆ³n del Estado y de que todas las entidades pĆŗblicas a favor de empresarios oligarcas, quienes sin recibir el mandato de los dominicanos, tendrĆ”n la administraciĆ³n de la cosa pĆŗblica.
ConsiderĆ³ que pareciera que se trata del Feudalismo en el siglo XXI, porque esos empresarios tendrĆan la potestad de fijar tasas o cargos por los “servicios” en perjuicio de un ciudadano que de por sĆ ya estĆ” cargado por impuestos, que supuestamente se han instaurado para brindar los servicios y administrar el patrimonio que se pretende entregar de manera gratuita a travĆ©s del proyecto de ley.
El jurista indicĆ³ que esa polĆtica contraviene el artĆculo 138 de la ConstituciĆ³n y afirmĆ³ no existe ninguna legislaciĆ³n que autorice lo que definiĆ³ como un "atentado al interĆ©s pĆŗblico".
DenunciĆ³ que el Gobierno tiene en ejecuciĆ³n mĆ”s de 22 fideicomisos pĆŗblicos, incluyendo el de PUNTA CATALINA, el cual, a pesar de no haber sido aprobado por el Congreso Nacional, se encuentra en avanzada ejecuciĆ³n, hasta con la transferencia de derechos de propiedad de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDES) a la CorporaciĆ³n Dominicana de Empresas ElĆ©ctricas Estatales (CDEEE), para entregarse a un grupo empresarial hegemĆ³nico.
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