Santo Domingo, RD.- La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), suscribió las declaraciones del Encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana, Robert Thomas, quien, en el marco de la celebración del tradicional evento de Acción de Gracias, que organiza, año tras año la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR), elogió el desempeño del gobierno dominicano en la lucha contra la corrupción.
Conmemoración que el diplomático aprovechó para resaltar que la transparencia y la tolerancia cero a la corrupción son absolutamente esenciales para atraer y mantener a los inversionistas y empresas estadounidenses en la República Dominicana, tras destacar la apertura y colaboración existente entre los gobiernos de los Estados Unidos y la República Dominicana en materia de seguridad, comercio, educación, salud y desarrollo.
Asimismo, el actual jefe de la misión diplomática estadounidense en el país, hizo un llamado al liderazgo político y empresarial, para de forma mancomunada combatir la corrupción y aplicar reformas que permitan ponerle fin a la impunidad, a fin de que el país pueda robustecer su economía y erigirse como líder de la región y ejemplo de democracia.
El presidente de Justicia y Transparencia (FJT),Trajano Potentini, reiteró su respaldo a la preocupación y reconocimiento de Thomas, al gobierno del presidente Abinader, además de también coincidir en la necesidad de reformas institucionales y legales, que fortalezcan y hagan más eficiente la lucha contra la corrupción, cuya reformas si fuéramos a ponerle nombres, estarían centradas básicamente en la necesidad de la urgente aprobación de una la ley de Extinción de Dominio y el establecimiento de un mecanismo para la protección de testigos y funcionarios públicos que denuncien la corrupción.
Para la entidad de sociedad civil resulta indispensable desempolvar el proyecto de ley que ha perimido, unas 7 veces en la cámara de diputados, sobre la Extinción de Dominio, por tratarse de un mecanismo de naturaleza civil y autónomo, para fuera del juzgamiento penal recobrar los bienes públicos defraudados por la corrupción. La referida ley, vendría a establecer la mecánica procedimental para el decomiso civil de patrimonios con orígenes ilícitos, con el objetivo de reincorporarlos al erario sin que haya que agotar juicios penales.
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