Mi observatorio:
POR LUIS D. SANTAMARIA
(El autor es periodista. Reside en Monte Plata)
El Poder Ejecutivo ha hecho bien en retirar del Congreso Nacional el controversial proyecto de ley que incentivaría el éxodo masivo de inmigrantes, principalmente haitianos hacia nuestro país, lo que pondría en juego nuestra nacionalidad.
La iniciativa legislativa del Poder Ejecutivo que buscaría penalizar con una contribución especial obligatoria de sus ingresos a la población dominicana para atender, asistir y proteger a las víctimas de tráfico ilícito de migrantes ha encontrado la oposición de la mayoría de los dominicanos.
Esta oposición contó con el respaldo del Instituto Duartiano que estimó la pieza como injerencista y reclamó del Poder Ejecutivo dejar sin efecto su iniciativa enviada al Congreso Nacional a través del Senado para su posible aprobación.
El proyecto de ley en cuestión sobre la protección de personas víctimas o sobrevivientes de trata de personas y tráfico ilícito de personas ha sido calificado de contrario al interés de la República Dominicana, por lo que debía ser retirado del Congreso.
Wilson Gómez Ramírez, presidente de la entidad, ha dicho que la pieza, que en cuestión entraña un serio atentado contra la integridad territorial de la República Dominicana, un ataque a su soberanía y un nuevo incentivo en la política de asentamiento masivo de haitianos.
Todo esto alcanza mayores ribetes de gravedad en momentos en los cuales se cierne una incontrovertible amenaza contra nuestro país determinada por la gravísima crisis que vive Haití y la inexplicable indiferencia que ante la problemática ha asumido la comunidad internacional.
De haber sido aprobada la pieza legislativa obligaría a los dominicanos a la manutención de las víctimas de trata y objeto de tráfico ilícito de migrantes en República Dominicana recaería sobre la ciudadanía, según establece el retirado proyecto de ley.
La pieza legislativa establece que persona jurídica o entidad deberán pagar una Contribución Especial obligatoria en base a sus ingresos, para la atención, asistencia y protección a las personas identificadas como víctimas de tráfico ilícito de migrantes».
Las personas jurídicas o entidades con ingresos de cero pesos hasta un millón de pesos aportarían 150 pesos, mientras que quienes tengan ingresos de un millón de pesos hasta ocho millones aportarán 450 pesos.
Personas o entidades con ingresos entre ocho millones y 20 millones de pesos aportarán 1,500 pesos; las que tengan ingresos de 20 millones hasta 50 millones aportarán 9,000 pesos, las que tengan ingresos de 50 millones hasta 100 millones de pesos aportarán 27 mil pesos y las que tengan ingresos superiores a 100 millones aportarán 78 mil pesos.
Los montos serán indexados anualmente, según el índice de precios al consumidor (IPC) publicado por el Banco Central, o lo que es lo mismo, los niveles de inflación.
La legislación advierte que la contribución establecida es de carácter obligatorio para toda la persona jurídica e institución pública o privada domiciliada en el territorio dominicano, amparada en cualquier régimen fiscal, independientemente de que perciban o no beneficios.
La contribución podrá ser deducida de la renta bruta de las personas jurídicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 287 del Código Tributario.
Descartar cualquier proyecto que involucre a RD.
Hay que descartar cualquier proyecto que involucre directamente a la República Dominicana en la búsqueda de solución al problema de Haití porque eso es una obligación de la comunidad internacional, principalmente los países ricos.
No nos tiren encima por favor ese muerto tan pesado que es Haití porque no podemos seguir con esa carga solos mientras la comunidad internacional se hace de la vista gorda y se queda de brazos cruzados mientras República Dominicana no puede hacer más de lo que ha hecho por la vecina nación.
La comunidad internacional debe asumir su rol y ponerse al frente en la búsqueda de soluciones a corto plazo de la caótica situación que se vive en Haití donde delincuentes organizados y fuertemente armados hace de esa nación un lugar invivible.
Está bueno ya de que a República Dominicana se quiera culpar o responsabilizar de la situación haitiana, mientras la comunidad internacional principalmente los países ricos no hacen absolutamente nada por resolver la situación de esa nación.
La estabilidad de Haití sigue siendo una responsabilidad ineludible de las naciones ricas, principalmente Estados Unidos, Canadá y Francia que se han hecho de la vista gorda y han querido sacarle el cuerpo a la engorrosa situación del simulacro de país.
Simulacro de país si porque no se puede llamar de otra forma al desorden generalizado que se vive en ese en ese lugar donde la vida humana vale menos que “pedo de chivo” ante las acciones vandálicas de delincuentes organizados.
Ya está bueno de que sigan cogiendo a República Dominicana de pendeja tirándole encima ese muerto tan pesado mientras las naciones poderosas se hacen las desentendidas y ven como el peligro e inestabilidad de Haití se aguza cada día más.
Cómo es posible que se haya permitido que los delincuentes organizados se hayan apoderado de Haití ante la vista indiferente de las naciones ricas que ven morir a miles de haitianos víctimas de las acciones beligerantes de la delincuencia.
Se ha hablado de la conformación de una fuerza de paz internacional que se encargue de poner fin a las bandas de delincuentes armados que intranquilizan a Haití y hacen de esa nación invivible teniendo sus habitantes que buscar la forma de cómo salir de ahí en busca de paz y tranquilidad.
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