La urgente aprobación de una Superintendencia de Cooperativas


Por Amadeo Peralta 

(Abogado)

El abogado Amadeo Peralta, entiende que no es posible en un paĆ­s civilizado, que la ley que rige el el Instituto de Desarrollo y CrĆ©dito Cooperativo (IDECOOP) tenga 60 aƱos de haber entrado en vigencia cuando el paĆ­s era casi una aldea y que aĆŗn se mantiene prĆ”cticamente intacta, es ambigua, obsoleta, ineficiente, inoperante y atrasada, fue implementada cuando ni las computadoras ni los sistemas contables y de controles  existĆ­an y aun ningĆŗn legislador se ha preocupado en este paĆ­s porque esa ley sea actualizada a la realidad económica y social que vive el paĆ­s, sumado al vertiginoso auge que presentan la instalación y aprobación de nuevas cooperativas prĆ”cticamente sin ninguna regulación, actualmente 1,800 cooperativas, 828 de las cuales fueron aprobadas en un tiempo rĆ©cord durante  aƱo 2022, por parte del Instituto de Desarrollo y CrĆ©dito Cooperativo (Idecoop) y reportando el manejo de activos por RD$238,000 millones al cierre de 2021 casi sin controles.


El abogado Amadeo Peralta quien se dedica a la persecución de crĆ­menes y delitos económicos, estafas, abusos de confianza, violaciones a la ley monetaria y financiera y a la ley del Mercado de valores entiende que muchas veces el desorden le conviene a unos cuantos pero son miles los que pierden sus ahorros hasta por falta de un buen encaje legal,  por lo que entiende que de la mano con el Consejo Nacional de Cooperativas, deben impulsar regulaciones efectivas con la finalidad de evitar la impunidad en los casos de desfalcos, quiebras fraudulentas, lavado de activos, estafas, abuso de confianza, enriquecimiento ilĆ­cito y otras infracciones graves porque de lo contrario la Superintendencia de Bancos y el Banco Central se tendrĆ”n que hacer cargo de la situación regulatoria.

Peralta dijo que esto ocurre  debido a la obsoleta ley 31 de 1963 y la ley 127 de 1964 que rige el sistema cooperativo en RepĆŗblica Dominicana, que no le permite al Idecoop ni siquiera realizar su trabajo con un marco regulatorio adecuado, lo que ha permitido que existan mĆ”s de mil cooperativas como chivos sin ley lo que va en detrimento de miles de socios ahorrantes, que  han visto esfumarse sus ahorros sin un rĆ©gimen de consecuencias expedito y eficaz, ya que el propio IDECOOP con el bajo presupuesto que recibe, no ha podido manejar una supervisión efectiva contable y de auditores  contra el fraude y el falseo de estados financieros, prĆ©stamos ficticios y cuantos delitos económicos han sido ejecutados.

Refiere el jurista que ya ha sido consensuado con el Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP) un nuevo marco legal ajustado a los nuevos tiempos, para que sea creada mediante ley una Superintendencia de Cooperativas de la Rep. Dom (SUPERCOOPRD) dotada de nuevas atribuciones, funciones, marcos regulatorios internos y externos, fiscalizaciones, sanciones, y recursos para un efectivo funcionamiento institucional, asĆ­ como una profunda transformación interna operativa y un cambio de imagen, logo y colores que ayude a su nueva inserción pĆŗblica y social ante el paĆ­s y los sectores económicos de su Ć”mbito de aplicación.

Ahora le toca a los legisladores cumplir su rol y entender que el pujante sector cooperativista ya no puede mÔs seguir en el letargo jurídico y de atraso legislativo, pero que sea siempre escuchando los sectores que intervienen junto al órgano regulador, ya que esta nueva legislación ha sido consensuada siguiendo los lineamientos internacionales sobre la materia por parte de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), el mayor organismo del mundo en materia de cooperativas ademÔs del comité Aci- Para las Américas y la Confederación de Cooperativas del Caribe, Centro y Sur América (CCCCA).

Entiende que esta nueva legislación deberĆ” contener la creación y activación de un sistema de alerta o indicadores que van a fortalecer la supervisión y la regulación de las cooperativas acompaƱada de un claro preciso rĆ©gimen de consecuencias para quienes incurran en desfalcos, quiebras fraudulentas, falseo de estados financieros, ocultamiento de causas que motiven una supervisión entre otras faltas graves por incumplimiento de normas regulatorias, entre otras disposiciones, todo con la finalidad de proteger los ahorros de miles de familias que han venido a confiar en el sistema cooperativista y del cual el Estado Dominicano les debe las mĆ”s absolutas garantĆ­as. 

Hay varios casos impunes sin sanciones serias y efectivas, que el paƭs pide respuestas como son los presuntos desfalcos cometidos aƱos atrƔs en las cooperativas de la Policƭa Nacional, donde miles de policƭas les fueron descontados de sus sueldos recursos para guardarlos en dicha cooperativa, el dinero se los robaron y que ha pasado, la respuesta es nada, tambiƩn la del Ayuntamiento del Distrito Nacional, en la cooperativa del ayuntamiento Santo Domingo Norte, en la del Banco Agrƭcola, en la cooperativa de Pro-Industria, en la cooperativa de los empleados de la Falconbridge en Bonao, la cooperativa de ahorros y crƩditos de los empleados del Central Romana, ARS, Servicios Cooperativos de Salud, entre otras muchas.

Refiere, que estas cooperativas violaron todos los sistemas regulatorios por lo que fue necesario su intervención, “debido a que corrĆ­an peligro por encontrarse en manos de personas irresponsables”, y el estado debĆ­a salvaguardar los ahorros y el patrimonio de miles de socios, cuyas intervenciones resultaron tardĆ­as, cómplices e ineficaces ya que los presuntos desfalcos y la detección de irregularidades graves y prĆ”cticas contables contrarias a la ley, habĆ­an sido cometidos hacĆ­a meses por lo que los socios ahorrantes perdieron sus ahorros segĆŗn hemos podido saber, sin la aplicación de sanciones o sometimientos a la justicia, de sus consejos directivos.

El punto es que esas cooperativas, carentes de regulación oficial, tienen activos por RD$238,000 millones al cierre de 2021, muy cerca de los RD$266,712.2 millones de las asociaciones de ahorros y préstamos (AAyP) que sí son reguladas por la autoridad monetaria, a través de la Ley 183-02 Monetaria y Financiera, y casi cinco veces mÔs que los RD$51,557.7 millones en activos que tienen los bancos de ahorro y crédito (BAyC), que también estÔn bajo regulación.

Pero las cooperativas, en cambio, siguen operando bajo un esquema de “autorregulación”, de acuerdo con lo expresado por el propio expresidente del Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop), Jorge Eligio MĆ©ndez, en declaraciones para el Dinero en octubre de 2021. De ese tiempo acĆ”, nada ha cambiado en la regulación.

Las cooperativas deben ser reforzadas y también las leyes que las regulan, ya que muchas de ellas son administradas por un consejo directivo que no realmente son sus dueños, ni sus mayores accionistas y cuyos aportes en varios casos no son tan representativos, en otras palabras, estÔn administrando lo ajeno, por lo que se hace urgente una supervisión mÔs efectiva por parte del IDECOOP y así poder prevenir posibles fraudes y desfalcos, malas administraciones y cualquier falta grave en perjuicio de los ahorrantes.

Sostiene el jurista Amadeo Peralta, que el IDECOOP, debe analizar con detenimiento y claridad y por expertos en la materia, “los estados financieros auditados”, de muchas cooperativas y de ser necesario prever en la nueva ley de cooperativas, sanciones severas contra las firmas de auditores y sus responsables por encubrir la verdadera situación financiera o descalabro económico de una cooperativa que incluya sus sometimiento a la justicia como coautores de los delitos atribuidos a parte de imponerles sanciones administrativas y hasta la cancelación de la autorización para auditar cooperativas y que no se repita el encubrimiento que fue hecho a las firmas de auditores que nunca fueron sometidas a la justicia por la Superintendencia de Bancos y que falseaban de manera constante los estados financieros de la verdadera situación del Banco Peravia asĆ­ como de la Corporación de CrĆ©dito Rona y otras entidades “reguladas” cuya responsabilidad y coautorĆ­a en la comisión de los delitos es irrefutable, sostiene el jurista.

Las cooperativas, deben también ser sometidas al régimen de mantener en el Banco Central un fondo de reservas o fondo de contingencias como garantía y seguridad de los ahorros de sus asociados, fondo este que deberÔ ser intocable y solo ser usado para cubrir deficiencias propias de la entidad con la obligación de reponerlos en cierta fecha.

Actualmente cualquier fraude cometido por el consejo de administración de una cooperativa contra sus socios, podrÔn ser encausados por varios delitos entre ellos, abuso de confianza, lavado de activos, asociación de malhechores, complicidad y violación a la ley 479 sobre sociedades comerciales, entre otros delitos según cada caso y podrían incurrir en penas de hasta 20 años de prisión según el tipo de delito que sea comprobado.

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