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El profesional de la ingeniería refiere que dicha disposición establece recomendaciones sobre requisitos y criterios de acreditación de Solvencia Económica y Financiera en los pliegos de condiciones de los procedimientos de contratación pública, con el alegato de continuar fortaleciendo el Sistema Nacional de Contrataciones Públicas (SNCCP), la cual puede ser establecida por las instituciones del Estado, pero , obviamente no es obligatorio su uso.
Al respecto, el ex titular del Codia, refiere que la Constitución de la República, en su artículo 6. Supremacía de la Constitución: Señala que todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta Constitución.
Añade que su artículo 8, define que, la función esencial de Estado, es la protección efectiva de los derechos de la persona.
Explica además, que se dispone que, la misma es, conforme a las disposiciones del artículo 8, numeral 3, de la Ley Núm. 340-06 sobre Compras y Contrataciones y sus modificaciones.
Sostiene que hay funcionarios del sector construcción del gobierno anterior del presidente Luis Abinader que usan esta circular, alegando que “Eso es una disposición de la DGCP) y de uso obligatorio”., lo que entiende es un motivo para beneficiar a sus relacionados, obviando la Constitución en su artículo 148 sobre responsabilidad civil.
¨Esta circulación Núm. DGCP44-PNP-2023-001, es un vector de corrupción en licitaciones de obras estatales, por los recaudos excesivos y abusivos que, colocan en los Pliegos de Condiciones, Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia, con elevados % de certificaciones de Línea financiera y Línea comercial que, deben describir y demostrar claramente los montos, plazos y condiciones¨, considera el ingeniero Tejada .
Destaca además, que, estas trabas limitan la participación de oferentes, constituyéndose en una violación burda a la Constitución de la República Dominicana, en sus artículos, 39. Derecho a la igualdad; 40. Derecho a la libertad y seguridad personal en su numeral 15; 50. Libertad de empresa; 138. Principios de la Administración Pública; 217. Orientación y fundamento; 218. Crecimiento sostenibles; 219. Iniciativa privada y 221. Igualdad de tratamiento.
Subraya que, los artículos 39 y 50 de la Constitución, son Derechos Fundamentales, en tal sentido, los oferentes inhabilitados en una licitación pública, para construcción de obras públicas, por la referida normativa. Tienen la potestad de elevar una Acción de amparo, por mandato del articulo72, de la Constitución, por ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), por ordenanza del artículo 164 de la Constitución.
En opinión del gremialista y ex titular del Codia, la citada circulación, también viola el artículo 3 de la ley 340-06, en sus numerales2, 3, 5, 8 y 9.
Concluye que ¨El artículo 69 del Reglamento Núm. 416-23 de Aplicación de la ley 340-06, obliga a las Entidades Públicas, tomar las medidas provisorias necesarias a los fines de garantizar la apropiación de fondos correspondientes a la ejecución plurianual consignada dentro del Presupuesto Nacional del Estado, para garantizar el pago de las partidas que, se desprendan del proceso licitado y contratado¨.
Las conclusiones del ingeniero Tejada, están expuestas en un artículo de su autoría publicado en la edición del periódico El Día, de este lunes 19 de agosto, titulado : La circular de Compras y Contrataciones y sus violaciones constitucionales.
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