La instancia señala que el director del INTRANT, Milton Morrison, actuó en confabulación con el Consorcio Mobility ID para cometer actos que, de acuerdo con la denuncia, constituyen delitos contemplados en el ordenamiento jurídico dominicano.
El presidente de ADOCCO, Julio César de la Rosa Tiburcio, depositó la denuncia en la que solicita a la directora de la PEPCA, Mirna Ortiz, investigar el proceso de licitación, en el cual únicamente participó el Consorcio Mobility ID, integrado por las mismas empresas responsables de la emisión de libretas de pasaportes y de la nueva cédula de identidad y electoral.
El documento depositado detalla que las actuaciones del director del INTRANT y del consorcio estarían tipificadas como delitos de falsificación de documentos públicos en violación a los artículos 146, 147, 148, 150 y 151 del Código Penal, asociación de malhechores tipificada en los artículos 265 y 266 del Código Penal y
lavado de activos y financiamiento del terrorismo sancionado en artículos 2.11, 3.1, 3.2 y 3.3 de la Ley 155-17.
De igual forma, delitos de corrupción administrativa, violando los artículos 166, 167, 175 y 176 del Código Penal, soborno en el comercio y la inversión en contraposición del artículo 2 de la Ley 448-06.
El contrato cuestionado asciende a RD$8,400 millones y fue adjudicado al Consorcio Mobility ID, conformado por Midas Dominicanas S.R.L., G.E.T. Secure ID Corp., Consorcio STC, S.A. y Thomas Greg & Sons Gráfica e Serviços.
ADOCCO advirtió que la concentración de información sensible en manos de las mismas empresas como son las cédulas, pasaportes y licencias de conducir, representa un riesgo para la seguridad nacional y puede facilitar la creación fraudulenta de identidades y documentos oficiales.
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