Manzanillo, Montecristi. El Centro Bahía de Manzanillo para el Desarrollo Regional (CEBAMDER) solicitó al presidente de la República, Luis Abinader, colocar nuevamente su corazón en el pueblo de Manzanillo ordenando al Ministerio de Medio Ambiente y a la Presidencia de la República declarar como desastre ambiental el vertedero municipal a cielo abierto, clausurar de forma inmediata su funcionamiento y disponer de los fondos para la construcción de la Planta de Reciclaje consensuada en el Plan Maestro, un acuerdo tripartito establecido entre el Gobierno, el sector empresarial regional y la comunidad de Manzanillo.
Un vertedero a cielo abierto en la entrada de la comunidad: amenaza directa a la Laguna de Saladilla y a la comunidad asentada luego de ser desplazada
Frank Valenzuela presidente de la organización ciudadana destacó que, la continuidad del vertedero municipal de Manzanillo en el espacio donde se encuentra ubicado es la prueba más flagrante de la irresponsabilidad estatal, desafiando la Ley 225-20 de Gestión Integral de Residuos y Coprocesamiento, la cual prohíbe expresamente la operación de vertederos a cielo abierto y exige su clausura progresiva. Este crimen ambiental no solo viola un marco legal esencial, sino que se localiza a metros de la Laguna de Saladilla, un área de amortiguamiento ecológicamente sensible, condenándola a la degradación por lixiviados tóxicos. La continuidad de esta práctica es un atentado directo contra la salud pública y el ecosistema, socavando cualquier discurso de desarrollo sostenible en la región de Manzanillo.
La ubicación del botadero en un área sensible impacta de forma catastrófica a la Laguna de Saladilla, un humedal de importancia crítica para la biodiversidad y un claro ejemplo de ecosistema vulnerable que la ley manda proteger. El incumplimiento de la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales se hace evidente al permitir que los desechos, humos y lixiviados contaminen directamente esta zona. Manzanillo, proyectada como un eje de desarrollo portuario, energético, industrial y turístico, es desprestigiada por este foco de insalubridad que demuestra la inacción e indiferencia de las autoridades frente a sus obligaciones jurídicas y ambientales.
Este foco de contaminación tóxica no es solo un problema ecológico, sino un instrumento de doble castigo social contra las más de 40 familias reubicadas, quienes viven asfixiadas por un desarrollo que las ignora, lo que constituye una burla cruel a los derechos humanos y ambientales. La yuxtaposición del vertedero con el ambicioso plan de desarrollo que se impulsa revela una contradicción ética y estratégica insostenible, minando la credibilidad del Estado. CEBAMDER acierta al señalar que el avance de grandes obras sin el cumplimiento de compromisos ambientales esenciales convierte a Manzanillo en una zona de sacrificio de un progreso ciego y egoísta.
El vertedero, un problema consensuado e ignorado en el desarrollo del Plan Maestro y el Acuerdo de Manzanillo
El Plan Maestro de Manzanillo, ese documento consensuado para el desarrollo portuario, energético y turístico de la zona —acordado por el Gobierno, el sector empresarial y la comunidad— se presenta como la gran apuesta para el Cibao Noroeste. Sin embargo, este ambicioso proyecto choca de manera estridente con una realidad degradante: la humareda tóxica del vertedero a cielo abierto. El propio Plan Maestro, que debía guiar el desarrollo sostenible, identificó claramente la gestión de residuos como una debilidad crítica.
En sus metas de Servicios Esenciales se planteó el Objetivo 1.3: Mejorar la gestión de residuos y la capacidad de reciclaje, destacando que el vertedero existente es un uso indeseable del suelo y un peligro medioambiental, ubicado inadecuadamente en la zona de protección de la fauna de la Laguna de Saladilla. La solución planteada era tapar el actual vertedero para mitigar la contaminación y establecer uno nuevo, además de incorporar el servicio de reciclaje con una planta local o regional.
El Acuerdo de Manzanillo, firmado en agosto de 2022 por los ministros de la Presidencia, Economía y Medio Ambiente, refrendó el compromiso de impulsar un desarrollo integral y sostenible para la región Cibao Noroeste. Este pacto interinstitucional prometía coordinar acciones para ordenar el territorio y ejecutar proyectos que respetaran las áreas protegidas y el medio ambiente, reconociendo el crecimiento de las actividades portuarias, energéticas e industriales. La propuesta del Ministerio de Medio Ambiente de establecer una planta de reciclaje en Manzanillo era parte integral de este consenso, entendida como una solución moderna y necesaria para el desarrollo sostenible.
La importancia de implementar estas soluciones, tal como se establece en el Plan Maestro y el Acuerdo de Manzanillo, es crítica para el éxito del desarrollo. Un puerto ampliado y proyectos energéticos incrementarán inevitablemente la densidad poblacional y, por ende, la generación de residuos sólidos. Mantener un vertedero a cielo abierto, que ya colapsa en medio de la comunidad, es una receta para el desastre ambiental y sanitario. La planta de reciclaje y el cierre técnico del botadero no son un lujo, sino una infraestructura esencial para garantizar que el crecimiento económico no se traduzca en una degradación irreversible de la calidad de vida de los manzanilleros y del medio ambiente.
El olvido institucional: la propuesta de clausura de Miguel Ceará Hatton, una promesa muerta en Manzanillo
La visita del entonces ministro de Medio Ambiente, Miguel Ceará Hatton, a Manzanillo representó un fugaz y frustrante rayo de esperanza al proponer la clausura definitiva del vertedero a cielo abierto, un foco de insalubridad que contamina la crítica Laguna de Saladilla. Su iniciativa, que planteaba la sustitución de esta práctica barbárica por un modelo moderno de recolección, tratamiento y reciclaje de residuos sólidos, se enmarcaba en el cumplimiento de la Ley 225-20.
Sin embargo, esta visión de gestión ambiental sostenible ha quedado congelada en el tiempo, siendo relegada al silencio administrativo por el Ministerio de Economía y Desarrollo y, más preocupantemente, por la Presidencia de la República, demostrando una abrumadora falta de voluntad política para priorizar la salud ambiental y humana sobre los intereses económicos inmediatos.
La paralización de la propuesta de Ceará Hatton constituye un acto de cinismo institucional que contradice estridentemente la pomposa retórica del “Pacto de Manzanillo” y del desarrollo regional del Cibao Noroeste. Mientras se invierten ingentes recursos en la expansión portuaria y energética, la solución a un problema tan elemental y devastador como la gestión de basura es sistemáticamente ignorada, dejando a las comunidades desplazadas y a un ecosistema vital a merced del hedor y la toxicidad. Esta inacción es una bofetada a la credibilidad del Gobierno, revelando que la sostenibilidad y el bienestar social son solo puntos vacíos en la agenda cuando entran en conflicto con la celeridad de los proyectos de capital, consolidando a Manzanillo como un claro ejemplo de desarrollo cojo y moralmente fallido.
La condena diaria: el vertedero arde y la comunidad respira humo tóxico
Mientras la burocracia dilata la decisión sobre su clausura y reciclaje, el vertedero de Manzanillo continúa ardiendo sin control, emitiendo a cada instante una humareda tóxica y densa que se eleva sobre las comunidades aledañas. Al operar completamente a cielo abierto, no existe mecanismo alguno para contener o mitigar estos ciclos constantes de ignición y explosión de gases, lo que convierte cada día en una exposición forzada a la contaminación. Esta nube persistente, cargada de partículas finas, dioxinas y otros contaminantes peligrosos, se esparce rápidamente, cubriendo todo el asentamiento y penetrando en cada hogar, demostrando la absoluta vulnerabilidad de la población ante esta infraestructura fallida.
El impacto de esta humareda tóxica es una sentencia directa contra la salud pública, especialmente para las familias que fueron desplazadas y reubicadas justo en el perímetro del basurero. La población, día tras día, sufre las consecuencias respiratorias agudas y crónicas de este aire irrespirable, desde ataques de asma hasta riesgos incrementados de enfermedades pulmonares y cardiovasculares. Este ciclo incesante de contaminación por combustión es la negación práctica de cualquier derecho a un medio ambiente sano y una burla cruel al progreso, pues ningún desarrollo portuario o energético puede justificarse si, literalmente, sus vecinos están siendo envenenados por el humo que el Estado no puede o no quiere extinguir.
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