Entiende el profesional de la ingenierÃa , que es imperativo que antes validarse y saldarse esas deudas por obras no ejecutadas por los miembros del Movimiento Heroico Institucional Codiano , que ha librado lucha junto al presidente y otros directivos de la entidad , para que se cumpla con los procedimientos contemplados en la ley de contrataciones públicas.
Recordó, asimismo, que el logro del proyecto Pro-acción de la Ley que presidente el Presidente de la República, Luis Abinader deberÃa promulgarla para el pago de deudas de obras del Estado desde el año 1996 , es una conquista del Comité Institucional Codiano que ha luchado de manera incansable por obras realizadas y no pagada a personas, entre ellas más de 15 contratistas que han muertos luchando detrás de esas deudas.
Explicó que a eso se han anexado una gran cantidad de obras de mantenimiento de planteles escolares que la mayorÃa no están amparadas en contratos , las cuales deberÃan ser analizadas y realizado auditoria forenses rigurosas a las cubicaciones de las mismas.
El ingeniero Tejada , entiende que en esos arqueos debe incluirse las obras relativas a infraestructuras viales , escolares y otras infraestrcturas estatales.
Consideró que ante esa grandes cantidades de deudas que deben ser auditadas, ¨serÃa importante que Comité Institucional Codiano envÃe la lista de contratistas para que los miembros del gremio sean la prioridad en el pago de cubicaciones.
¨ Se trata de personas que con cubicaciones de 14 millones de las bajaron a 11 y de 20 millones en el que cada funcionario que llega las revisas y se la han reducido al máximo , y se trata de contratistas que lo merecen todo ¨, refirió el ex titular del Codia.
Entre esos contratistas luchadores , el ingeniero Tejada citó a Nelson Muñoz, Manuel Inoa , Samuel Peña , entre otros codianos , incluyendo el ingeniero Buenaventura, que se suicidó, asà como una serie de constructores.
Tejada, cuestionó que ahora se han incluido una serie de obras de escuelas cuyos contratos se otorgaron de grado a grado y que ahora deben ser pagadas, entiende no deben ser saldadas sin ser previamente auditadas.
Al mismo tiempo, el profesional de la ingenierÃa, enfatizo en su reconocimiento al pasado presidente del Codia Carlos Emilio Mendoza , fue luchador por el proyecto , al igual que el actual titular del gremio,
Sin embargo, ¨estos como los demás miembros activos del Codia, se sorprendieron con la lista tan grande de escuelas y otros planteles que están dizque en condición de mantenimiento , y entendemos que todas deben ser auditadas ¨.
Entiende que ese tipo de práctica que tilda de ¨vagabunderÃa ¨ deben terminarse , y de la única forma que de darÃa al traste , porque no puede permitir que gentes que están están fuera del alcance de la ley 340.06 con modificaciones de la Ley 449-06 y su reglamento 543-12 y ahora , asà como el 416-23, sabiendo que la modalidad de contratación directa estaba prohibida desde el 18 de agosto del año 2006 cuando se promulga la ley 340-06 en el Salón de Las Cariátides del Palacio Nacional .
Recordó que ese mismo dÃa en la noche el entonces presidente de la República, doctor Leonel Fernández, anunció que la Ley de Contrataciones Públicas se promulgó en ese momento debido a la imposición de entrada por la obligación de aprobar esa legislación para el paÃs poder entrar al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Centroamérica y El Caribe .
Refirió que el entonces titular de la SecretarÃa de Finanzas , licenciado Vicente Bengoa leyó una lista de puntos que el Presidente Fernandez habrÃa objetado , ¨pero todo eso fue una pantalla , cuento de camino , porque la realidad fue que en el artÃculo 17 en su inter 3 se habia dejado en las posibilidades de contrataciones de obras , la modalidad de contratación directa .
¨La primera era contratación pública , la otra indirecta y sorteo , ¨pero cuando la Embajada de Estados Unidos observó que dentro de las modalidades del artÃculo 17 la modalidad de contratación directa , esa legación diplomática entendió que se tratado de grado a grado , y esa ley fue objetada ¨, recordó el expresidente del Codia.
Refirió que entonces con la ley 44-06 del 6 de noviembre de 2006 se elimina lo que fue la contratación grado a grado que el artÃculo 8 de la ley 449-06 , modificar el artÃculo 17 de la ley 341-06 y elimina la contratación directa o grado a grado , ¨por lo que la lucha que el Codia tuvo por años desde el 16 de septiembre del 1967 que se promulga la ley 105 que llevaba a concurso todas las obras mayor de 10 mil pesos , y en su artÃculo 02 introducido por el Presidente JoaquÃn Balaguer, en el que el Poder Ejecutivo tiene facultad de otorgar poder a los funcionarios para contratación obras grado a grado e indirecta para construcciones que él entendiera .
¨Desde ahà nació las contrataciones grado a grado , desde 1967 el Codia tiene un pie de lucha en el que se debe tomar en cuenta al ingeniero Roque Napoleón Muñoz . Marisela Vargas , Espaillat Nanita , entre otros grandes luchadores del gremio. Yo siempre fui abanderado en contra de eso y por eso no hay ni una obra grado a grado a nombre de Teodoro Tejada , ni de su empresa ¨, proclamó el experto en construcciones de obras obras de infraestructuras.
Concluyó el ingeniero Tejada, que en base a ese principio : ¨yo rechazo categóricamente que se haya colocado en la referida ley obras no amparada en contrato ; ¨por ello, saludo la actitud del Presidente Luis Abinader , que estuvo a bien gestionar con los miembros del Congreso Nacional la actualización de esa ley , aunque a últimas horas se incluyó en la misma a asfalteros y obras de infraestructuras escolares que se otorgaron a través de la Oficina Internacional de Operación ¨.
Concluyó el ingeniero Tejada, en que todas esas obras y las demás no sean del Comité Institucional Codiano deben ser auditadas , y hasta tanto no se agote ese procedimiento, no sean pagadas .
Pequeños y medianos contratistas:
Recientemente, más de cien pequeños y medianos contratistas del sector ingenierÃa y construcción acudieron al Congreso Nacional con una petición. Esta arrastra décadas de espera, silencios administrativos y consecuencias humanas irreversibles: la regularización de deudas del Estado. Estas deudas corresponden a obras públicas ejecutadas en distintas épocas, algunas desde la década de los años noventa.
Miembros del Codia apoyan una iniciativa legislativa para habilitar un mecanismo excepcional de pago a cargo del Ministerio de Hacienda. El objetivo es liquidar compromisos que el Estado ya reconoce, pero que permanecen estancados debido a trabas burocráticas acumuladas.
Durante más de dos horas, la Comisión Permanente de Obras Públicas del Senado escuchó los planteamientos de una delegación integrada por más de treinta contratistas. Ellos expusieron con rigor técnico, pero también con evidente carga emocional, el impacto que estas deudas han tenido sobre sus vidas profesionales, sus empresas y sus familias.
Se trata, según explicaron, de obras efectivamente ejecutadas, recibidas y hoy en funcionamiento. Muchas de ellas están vinculadas a carreteras, centros educativos, infraestructuras hidráulicas y servicios comunitarios. Obras realizadas en contextos de urgencia o por instrucciones de autoridades competentes en su momento. Sin embargo, la falta de formalización adecuada en distintos perÃodos administrativos impidió su pago.
Uno de los datos más sensibles compartidos ante la comisión fue que más de 20 ingenieros e ingenieras han fallecido a lo largo de estos años sin haber visto saldadas las acreencias derivadas de su trabajo. Esto ha dejado procesos inconclusos que hoy recaen sobre familiares y sucesores. Para muchos de los presentes, la iniciativa representa no solo una solución financiera, sino un acto de justicia largamente postergado.
Tras escuchar los argumentos técnicos, jurÃdicos y humanos expuestos, la Comisión de Obras Públicas decidió rendir informe favorable a la propuesta. Esta fue canalizada a través del senador por la provincia Duarte, Franklin Romero, quien sometió el proyecto para su conocimiento legislativo.
Los proponentes fueron enfáticos en señalar que la iniciativa no busca confrontación, ni excepciones arbitrarias, sino, cerrar un capÃtulo histórico pendiente mediante procesos de validación, depuración y control, en apego a los principios constitucionales de legalidad, equidad y transparencia en el uso de los recursos públicos.
Asimismo, destacaron que la propuesta contempla mecanismos técnicos y documentales que permitirÃan verificar cada caso de manera individual. Esto evita precedentes indebidos y fortalece la seguridad jurÃdica del Estado.







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