Por Frank Valenzuela
Introducción
Con apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la participación de ENERLA, el Consorcio Manzanillo Gas & Power desarrolla el proyecto Manzanillo Bay Energy en la Bahía de Manzanillo. El Centro Bahía de Manzanillo para el Desarrollo (CEBAMDER) presenta el presente resumen como síntesis de una investigación territorial más amplia que analiza la implantación del proyecto y sus efectos en un sistema costero de alta sensibilidad ecológica, productiva y social, donde las intervenciones a gran escala generan impactos más allá del ámbito estrictamente ambiental.
La Bahía de Manzanillo es un territorio funcional en el que convergen ecosistemas costeros frágiles, comunidades históricamente asentadas y actividades económicas dependientes del entorno natural. En este contexto, un megaproyecto energético de alcance internacional produce una reconfiguración acelerada del territorio, alterando equilibrios ecológicos, sociales, productivos e institucionales. Por ello, el análisis se fundamenta en una lectura territorial integral que evalúa la distribución real de cargas y riesgos, y no se limita a una valoración sectorial de infraestructura.
El estudio se estructura a partir de un hecho determinante: la eliminación previa de cobertura vegetal y la alteración física del suelo antes de contar con una evaluación ambiental y social capaz de preservar una línea base territorial representativa. Desde esta secuencia se examina la definición de la línea base utilizada, los impactos reconocidos por el propio estudio ambiental y la suficiencia de las medidas propuestas para gestionarlos. El objetivo es situar el debate en hechos documentados y en responsabilidades técnicas asociadas a la gestión ambiental y social del proyecto, conforme a los estándares aplicables del BID.
Tema 1. El territorio como sistema funcional preexistente
El análisis parte de una lectura territorial del proyecto energético en Manzanillo, entendiendo el territorio no como un espacio vacío disponible para la inversión, sino como un sistema funcional preexistente. En la Bahía de Manzanillo confluyen ecosistemas costeros sensibles, comunidades históricamente asentadas y actividades productivas directamente dependientes del entorno natural. Este entramado configura un equilibrio territorial previo que no puede ser sustituido ni explicado mediante evaluaciones sectoriales fragmentadas, centradas exclusivamente en componentes aislados del proyecto.
Desde esta perspectiva, el territorio es sujeto de impacto. Cualquier alteración en un componente ambiental o espacial genera efectos en cadena sobre la productividad local, las dinámicas sociales, la conectividad territorial, la gobernanza y la estabilidad institucional. Estos impactos no se manifiestan de manera aislada, sino como procesos interdependientes que se refuerzan entre sí. El enfoque territorial permite identificar estas conexiones estructurales que suelen quedar invisibilizadas cuando los impactos se clasifican de forma individual como “bajos” o “moderados”, sin atender a su persistencia y acumulación en el tiempo.
Tema II. Caracterización integral del proyecto energético
Manzanillo Bay Energy es un complejo energético de gran escala localizado en la Bahía de Manzanillo, integrado por una terminal de importación, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado y una central eléctrica de ciclo combinado con capacidad aproximada de 420 MW. La infraestructura asociada —muelle de descarga, tanque criogénico, gasoductos e instalaciones industriales permanentes— redefine de manera estructural los usos del suelo y del espacio marino, introduciendo una transformación territorial de carácter permanente. La magnitud física del proyecto excede la lógica de una obra puntual y se inscribe en un proceso de reconfiguración funcional del territorio costero.
El proyecto es desarrollado por el Consorcio Manzanillo Gas & Power, con participación de empresas de alcance global y regional como Shell Gas & Power Development, Haina Investment Company y ENERLA, bajo una estructura que concentra las decisiones estratégicas fuera del territorio intervenido. Con una inversión estimada en 1,700 millones de dólares y financiamiento multilateral respaldado por la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental y Social, el proyecto adquiere una fuerte inercia operativa que prioriza la continuidad financiera sobre ajustes tempranos en la secuencia preventiva.
El análisis se concentra en el Bloque 1, habilitante del inicio material de las obras, y evidencia que, a tres años de ejecución, los impactos reconocidos no presentan respuestas efectivas y verificables sobre comunidades, sectores productivos y componentes funcionales del territorio, desplazando el debate desde la mitigación formal hacia obligaciones reforzadas de gestión territorial.
Tema III. Participación comunitaria y advertencias tempranas
El Estudio de Impacto Ambiental y Social reconoce que el proyecto se implanta en un territorio socialmente organizado, identificando actores comunitarios, productivos e institucionales durante la fase de evaluación. El propio EIAS documenta que “se entrevistaron a 32 actores pertenecientes a más de 32 entidades de la zona de impacto del proyecto”, clasificados según niveles de afectación e influencia (EIAS, Cap. 5, sec. 5.6, p. 191; Tablas 5-1 y 5-2, pp. 195–197). En ese marco, el expediente ambiental incorpora advertencias tempranas de alto valor territorial, entre ellas la formulada por Frank Valenzuela, quien advierte que el Plan de Ordenamiento Territorial financiado por el BID prioriza la ordenación de inversiones sobre el territorio y sitúa a Villa Raf como comunidad potencialmente desplazada para habilitar un corredor industrial (EIAS, Cap. 5, sec. 5.9.2.j, pp. 210–211).
De manera complementaria, el EIAS registra la posición de actores de desarrollo local y comunitario que alertan sobre los efectos sociales del proyecto. Helvio Bejarán señala que “lo más saludable es que no se traslade la población de Villa Ray y que se impacte lo menos posible a la población” (EIAS, Cap. 5, sec. 5.9.1.e, p. 203), mientras que el propio estudio reconoce que “las percepciones comunitarias recogidas durante el proceso reflejan preocupaciones vinculadas a las actividades ya ejecutadas en el área del proyecto” (EIAS, Cap. 6, p. 33). No obstante, la participación se configura como un insumo consultivo sin capacidad vinculante, generándose una brecha entre advertencias documentadas y respuestas estructurales, lo que explica la persistencia del conflicto desde una perspectiva de gestión territorial.
Tema IV. Secuencia crítica: desmonte previo y debilitamiento del principio preventivo
El Estudio de Impacto Ambiental y Social reconoce que la línea base ambiental fue levantada cuando el territorio ya había sido intervenido. El propio estudio admite que “la línea base ambiental se desarrolló considerando las condiciones observadas al momento de los trabajos de campo, las cuales incluyen áreas previamente intervenidas” (EIAS, Cap. 6, p. 20), y que “las actividades previas de preparación del sitio modificaron las condiciones originales del área evaluada” (EIAS, Cap. 6, p. 21). Estas afirmaciones confirman que el diagnóstico no partió de un estado preintervención, reduciendo la función preventiva de la línea base y debilitando su valor como referencia técnica para identificar pérdidas reales atribuibles al proyecto.
La intervención temprana incluyó movimientos de tierra, rellenos y nivelación antes de completarse la evaluación ambiental, tal como reconoce el EIAS (Cap. 4, p. 146). Esta secuencia de “intervención previa–evaluación posterior” normaliza parte del daño como condición inicial, limitando la trazabilidad de impactos y la cuantificación de pérdidas territoriales acumuladas. Desde una perspectiva territorial, ello condiciona la gestión posterior, ya que una línea base ex post tiende a generar medidas centradas en control operativo, sin capacidad efectiva para revertir la degradación funcional del territorio ni responder proporcionalmente a los impactos persistentes del bosque destruido,
Tema V. Línea base territorial declarada vs. línea base real
El Estudio de Impacto Ambiental y Social define la línea base como referencia para identificar y evaluar los impactos del proyecto, pero reconoce que no representa un estado previo intacto del territorio. El propio estudio admite que “la línea base ambiental se desarrolló considerando las condiciones observadas… las cuales incluyen áreas previamente intervenidas” (EIAS, Cap. 6, p. 20) y que “las actividades previas… modificaron las condiciones originales del área evaluada” (EIAS, Cap. 6, p. 21). En términos técnicos, la línea base declarada describe un territorio ya transformado, lo que limita su función preventiva y su capacidad para reflejar pérdidas reales atribuibles al proyecto.
El EIAS documenta además que “durante las etapas iniciales se realizaron movimientos de tierra, rellenos y nivelación del terreno” (EIAS, Cap. 4, p. 146), incorporando parte del daño como condición inicial y debilitando la trazabilidad de impactos. Desde un enfoque territorial, esta distorsión desplaza la carga de la degradación hacia comunidades, sectores productivos y gobiernos locales, y obliga a evaluar la suficiencia de las medidas no por su existencia formal, sino por su capacidad efectiva para modificar condiciones territoriales persistentes y restituir funciones críticas del sistema intervenido.
0 Comentarios