De acuerdo al Ministerio Público, los hermanos Espaillat enfrentan cargos por presuntas violaciones al artículo 319 del Código Penal Dominicano, que sanciona el homicidio involuntario por imprudencia, negligencia o inobservancia de reglamentos.
No obstante, abogados de varios querellantes sostienen que los hechos deben ser tipificados como homicidio voluntario con dolo eventual, al alegar que existía conocimiento previo del riesgo estructural y que no se tomaron medidas para evitar la tragedia.
Las pruebas presentadas por el Ministerio Público, sustentadas en testimonios y principalmente en un informe pericial, concluyen que la causa principal del derrumbe fue un patrón consistente de sobrecarga en la estructura.
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