Durante el encuentro se revisaron los procedimientos para la aplicación de órdenes de arresto emitidas por tribunales competentes, así como los mecanismos para la imposición y el levantamiento de impedimentos migratorios.
Las instituciones acordaron reforzar la coordinación operativa para garantizar que toda actuación en aeropuertos, puertos y pasos fronterizos se realice exclusivamente siguiendo las disposiciones judiciales vigentes.
La DGM reiteró que las personas que transitan por los puntos de entrada y salida del país solo pueden ser detenidas cuando exista una orden judicial emitida por la autoridad competente.
Asimismo, recordó que el levantamiento de una orden de arresto, la colocación o eliminación de un impedimento migratorio y la autorización de permisos temporales de tránsito, sujetos a decisiones judiciales, deben sustentarse en documentación oficial remitida por el Departamento de Impedimentos de la Procuraduría General de la República.
Lee Ballester precisó que estas decisiones solo pueden ejecutarse cuando sean recibidas de manera directa de la Procuraduría General de la República, como establece el procedimiento para tales fines.
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