SANTO DOMINGO.-Considero oportuno que los seis diputados en la Circunscripción 5 de esta provincia Santo Domingo, que abarca los municipios Los Alcarrizos y Pedro Brand, deberĆan fijar su posición pĆŗblica en relación al proyecto de desalojo de cientos de familias y propietarios de diferentes establecimientos comerciales para dar paso a la construcción de un elevado vial en el tramo del 25 al 28 de la autopista Duarte, casco urbano de esa demarcación territorial.
De estos congresistas, cuatro del oficialista Partido Revolucionario Moderno(PRM) y dos de La Fuerza del Pueblo(FP) y aliados, obtuvieron el voto mayoritario de los que ahora estÔn sumidos en la desesperación ante la incertidumbre de no saber donde reubicarse luego de ser desalojados , ni tener la certeza de que recibirÔn justa compensación por parte del gobierno, a través del ministerio de Obras Públicas y la empresa constructora del elevado.
Los diputados de la circunscripción electoral cinco, son : por el PRM, Kinsberly Taveras, Alexander Cuevas y Jesús Aldo Adón y Sandro SÔnchez, mientras por la FP y aliado, Domingo De León y Rafaela GonzÔlez.
En el caso del senador de la provincia Santo Domingo Antonio Taveras, los dueños de propiedades a ser expropiadas , agradecen la disposición externada por el congresista, de mediar entre las partes, convertirse en uno de los interlocutores ante el presidente Abinader y el ministro de Obras Pública, Eduardo Estrella, para lograr una solución satisfactoria a la problemÔtica.
La mayorĆa de las personas cuyas propiedades serĆ”n expropiadas rechazan el desalojo, planteando un rediseƱo del trazado de la obra para evitar que alrededor del 30 por ciento de las viviendas y locales comerciales, incluido plazas, estaciones de expendios de combustibles, varios sucursales bancarias y otras importantes infraestructuras sean destruidas.
En el caso de sea irreversible su remoción del lugar donde residen durante década, exigen se les indemnice a corde al valor del mercado actual inmobiliario, se les done terrenos propiedad del Estado, que hay en la zona para reconstruir sus viviendas y locales comerciales.Exigen ademÔs reconocer el lucro cesante para inquilinos y empleados de los negocios desplazados.





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