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Jueza Sala Penal Corte Suprema Justicia Mirián Germán les preocupa aspecto probatorio para proceso en contra imputados en caso sobornos Odebechet

REPÚBLICA DOMINICANA.-La presidenta de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia Miriam Germán Brito expresó anoche que “a cualquier persona mínimamente preocupada por la suerte” del proceso que se lleva sobre el caso Odebrecht, “le atormenta el aspecto probatorio”.
“Por ejemplo, sucede que la mayor parte de las pruebas que dice tener el Ministerio Público son fruto de delaciones premiadas que se han vertido en Brasil, pero una por una no contienen afirmaciones tajantes y precisas sobre actividades de los imputados. Abunda el ‘yo creo’, ‘me parece’, y en algunos aspectos, una tajante negativa”, indicó la jueza al expresar las motivaciones para su voto disidente ante la decisión tomada anoche por la Segunda Sala Penal de ratificar la prisión preventiva por un año en contra de Ángel Rondón y de nueve meses para Víctor Díaz Rúa.
La decisión, adoptada tras tres días de largas exposiciones de la defensa y del Ministerio Público, también varía las medidas cautelares a siete de los implicados en el expediente de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
“En el estado actual de este proceso y con lo aportado para la medida de coerción, se aprecia una dificultad probatoria que, de no ser subsanada por el Ministerio Público en el curso de la investigación, y esperamos que así sea, no augura un futuro esperanzador por el momento, por lo menos del juicio al fondo, donde la prueba debe ser hecha, que no deje lugar a duda razonable”, afirmó.
“Se señala la actuación de un supuesto intermediario en este caso, persona esta que está procesada, pero aparte de la justificación que da este procesado respecto al concepto de los valores recibidos, no apreciamos que existen transferencias de dicho señor hacia otros procesados”, dijo Germán.
Aclaró que ese argumento no significa que ponga en duda la inocencia del procesado porque no hay una sentencia condenatoria.
En el expediente instrumentado en el caso Odebrecht, se acusa al empresario Ángel Rondón de ser el intermediario entre Odebrecht y políticos dominicanos para el pago de sobornos a fin de que la empresa consiguiera contratos con el Estado, entre 2001-2014.
La magistrada también indicó que el Ministerio Público incluyó en la solicitud de medida de coerción a personas que salieron de la función pública hace trece años y otros que no lo estaban al momento de los hechos, y a quienes se les atribuye participación cuando no eran funcionarios.

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