SANTO DOMINGO.-El abogado José Ricardo
Taveras consideró, que el reciente anuncio de que el presidente de la Cámara de
Diputados habría sometido un proyecto de ley, mediante el cual, se aprobaría la
despenalización del aborto por las tres causales mediante una iniciativa
separada del código penal, con el aducido objetivo de “destrabarlo”, es un acto
que pone en evidencia la irresponsabilidad con que el congreso viene abordando
el tema.
Adujo, que: “Ciertamente, la
medida podría viabilizar el acuerdo bicameral para la aprobación del nuevo
código penal, pero eso no necesariamente evitará que la nueva iniciativa de
despenalización por las tres causales consiga el mismo consenso, lo que se llevaría
de encuentro el código vigente, y en consecuencia, dejaría automáticamente despenalizado
el aborto en todos los casos.”
Taveras Blanco, quien presidió
durante siete años la comisión bicameral que realizó en buena medida los
trabajos concernientes al nuevo código penal, lamentó que el congreso, con su
actitud, “esté mandando un pésimo mensaje a la nación al considerar que los
preceptos constitucionales se interpretan de manera conveniente y no conforme a
la soberanía de sus mandatos, que lo vinculan precisamente ellos más que a
nadie, que son los primeros que los deben hacer valer, dejando bien sentado que cuando la constitución dice
NO, es NO.”
El también secretario general
de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), mediante nota de prensa, expresó que eso
es posible porque el congreso se ha abandonado en los brazos de la presión de
los grupos de interés, en vez de acogerse a la ciencia como único medio posible
para legislar sobre un tema tan delicado como es la protección que el Estado
dominicano le debe al bien jurídico de la vida, que entre nosotros está
protegido desde la concepción hasta la muerte.
“Todo, porque nuestro congreso no acaba de entender, que suspensión de
embarazo y aborto son un mismo elemento fáctico, pero en un caso es una salida
quirúrgica a un evento clínico "x", y en otro, es un crimen, uno
pertenece a la medicina, el otro al derecho penal, por lo que, al actuar de ese
modo, se suma inexcusablemente al debate de la torre de Babel que han generado
los intereses frente al tema.”
Precisó
que no es cierto que los médicos, en el actual estadio legal de la República
Dominicana, tenga ningún tipo de responsabilidad penal por el hecho de
interrumpir un embarazo, siempre y cuando exista un protocolo clínico que
obligue a que así sea, “no sólo porque esta amparado y protegido en la
normativa legal que regula su ejercicio, para el cual tiene licencia oficial
del Estado, sino porque es universalmente admitido por el derecho penal, que
los médicos gozan de una causa profesional de exclusión de punibilidad y
responsabilidad, en todos los casos en que actúan en tal calidad, por
aplicación del principio del mal menor o del efecto indirecto. El congreso no está supuesto a ignorar eso y
debe actuar en consecuencia.”
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