SANTO DOMINGO.- La Red de Defensoría de Derechos Humanos de Mujeres y Jóvenes presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en la sede de Ginebra, Suiza, recomendaciones al Estado dominicano para mejorar la calidad de políticas públicas para mujeres y jóvenes.
La presentación se llevó a cabo en las pre sesiones del Examen Periódico Universal (EPU) que realiza el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para evaluar cómo se encuentra cada país en materia de garantía de derechos humanos según los compromisos que ha asumido ante la entidad.
Entre las principales recomendaciones realizadas están:
Embarazos en adolescentes: Destinar fondos protegidos en el presupuesto nacional para garantizar la implementación del Plan de Reducción de Embarazo en Adolescentes 2019-2023.
Educación Integral en Sexualidad: Implementar la Estrategia de Educación Sexual Integral de acuerdo con los compromisos del Consenso de Montevideo y la Estrategia Nacional de Desarrollo (Ley 1-12) de una forma efectiva a través de la capacitación de personal docente de las escuelas públicas y privadas, y asignar los fondos necesarios para su operacionalización.
Violencia contra las Mujeres: Aprobar urgentemente la ley de Sistema Integral contra la Violencia hacia las Mujeres propuesta por la Presidenta de la Comisión de Equidad de Género de la Cámara de Diputados/as y asignar mayor presupuesto para su implementación.
Despenalización del IVE: Despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo, al menos en casos cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer, el embarazo es producto de violación sexual o incesto, o malformaciones incompatibles con la vida.
En el informe presentado en Ginebra por el colectivo de organizaciones reconoció de manera muy positiva que el Estado adoptó planes estratégicos dirigidos a enfrentar los altos niveles de desigualdad social y, en particular la desigualdad entre mujeres y hombres. Sin embargo, destacaron que persisten importantes brechas en la ejecución, lagunas legislativas y una fuerte resistencia a modificar y ampliar el marco normativo y los presupuestos públicos.
Por otro lado, en el terreno de los derechos humanos de las mujeres alertan que continúan siendo negados por la falta de acceso a servicios de maternidad seguros, la criminalización del aborto en toda circunstancia, la legitimación de prácticas culturales nocivas como las uniones infantiles forzadas, los embarazos en adolescentes, la falta de educación sexual integral y deficiencias en la respuesta a la violencia contra las mujeres en el ámbito privado e institucional.
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