FJT pide a funcionarios públicos seguir ejemplo de Guido Gómez con denuncia y rechazo de contrato de alquiler de INDOTEL

 

-FJT pide a legisladores fiscalizar y controlar los fondos públicos por mandato constitucional.

SANTO DOMINGO.- Fundación Justicia y Transparencia (FJT), pidió a los funcionarios públicos seguir el ejemplo del Dr. Guido Gómez Mazara, con la denuncia y rechazo al contrato de alquiler del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, (INDOTEL), el cual lleva veinticuatro (24) años, es decir 6 períodos gubernamentales, pagando en total edificio y parqueos unos 140 mil dólares, más de 8 millones de pesos dominicanos, lo cual es insólito y constituye un abuso y dilapidación de los recursos del Estado. 

Justicia y Transparencia, expresa que estará atenta y vigilante para llevar hasta las últimas consecuencias los contratos leoninos y perjudiciales, donde el Estado ha gastado por concepto de alquiler de locales, ambulancias, vehículos y otros tipos de alquileres, sumas astronómicas que, en su momento, saldrán a relucir. 

Máximo Calzado Reyes, Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Justicia y Transparencia, aclara que las acciones que se están llevando se enmarcan dentro de los propósitos y objetivos de la fundación y en atención a lo establecido en el artículo 75.12 de la Constitución, que postula el deber fundamental de: “Velar por el fortalecimiento y la calidad de la democracia, el respeto del patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública”. Igualmente, ejercer el derecho fundamental a participar en la fiscalización y control de los fondos públicos, según lo establece el artículo 246 de la Norma Suprema. 

En ese mismo orden, la organización cívica, reiteró su solicitud a los funcionarios, para que imiten el accionar de Gómez Mazara, desterrando esa mala práctica que se ha entronizado en la administración pública, de gastar sumas multimillonarias por conceptos de alquileres. Tal es el caso de, la OGTIC, Dirección General de Pasaportes, Ministerio de Industria y Comercio, la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH), INTRANT, las EDES, INDOTEL, entre otras. 

Finalmente, la FJT hace un llamado a los legisladores, para que cumplan con las funciones de fiscalización y control de los fondos públicos establecidas en los artículos 93.2 y 246 de la Ley Sustantiva. En este contexto, todos los funcionarios cuyas instituciones han sido mencionadas gastando sumas millonarias en alquileres, deben ser interpelados por el Congreso Nacional.

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